Solicitaron que se condene a cuatro personas por lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió tres años de prisión para tres mujeres y un hombre, hijas e hijo del fallecido Leonardo Miguel Save, sindicado como integrante de la banda de Aníbal Gordon, una organización paramilitar que actuó en la época del terrorismo de Estado.

El MPF estuvo representado por el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, y la titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, Laura Mazzaferri.

En concreto, se les reprochó haber realizado diversas maniobras para incorporar al mercado legal dinero procedente de crímenes de naturaleza económica cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Además, el Ministerio Público Fiscal requirió para cada uno el pago de una multa por el doble del valor de los terrenos y al solicitar el decomiso de las dos parcelas cuestionadas, la Fiscalía pidió una destinación específica para garantizar la reparación integral de la sociedad afectada, a través de medidas satisfactivas y dirigidas a la garantía de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos.

Para la acusación, quedó demostrado que el dinero para la compra de los terrenos provino de crímenes de lesa humanidad, perpetrados en el marco de la coordinación represiva denominada Plan Cóndor y de los sucesos perpetrados contra víctimas del centro clandestino de detención y torturas Automotores Orletti, en particular, del dinero sustraído a una víctima de nacionalidad uruguaya que fue secuestrada y asesinada en 1976 en ese centro clandestino.

La fiscalía contó durante el proceso de investigación y de juzgamiento con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli; de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes(DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena; y con la asistencia también de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.