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SOCIEDAD


jueves, 8 de abril, 2021 - 09:05 hs.

Zona roja: "El Estado debe promover el desarrollo de las personas y no la prostitución"

Zona roja El Estado debe promover el desarrollo de las personas y no la prostitución


La Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata ve con profunda preocupación el proyecto remitido al Concejo Deliberante de General Pueyrredon que tiene como fin la regularización de la prostitución en la vía pública.


Se trata de una iniciativa que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de prevención, investigación y sanción del delito de la explotación sexual y trata de personas, y de lucha contra las  formas más graves de vulneración de los derechos de las mujeres, travestis y trans.


La ley argentina, fundada en los convenios internacionales, prohíbe las posiciones reglamentaristas, que procuran que el Estado administre, controle y eventualmente explote la prostitución. Las experiencias en el mundo han indicado que de este modo se acentúa el poder de las mafias y redes de trata y narcotráfico, al generar espacios que promueven sus ganancias. Por el contrario, la posición abolicionista, tomada por nuestro país desde principios del siglo XX y liderada por el abogado socialista Alfredo Palacios, se ha centrado en castigar a los explotadores y asistir –y no perseguir ni criminalizar- a las personas en situación de prostitución.


Mar del Plata ha sido vanguardia a nivel país en la sanción de ordenanzas que protegen los derechos de personas en situación de prostitución. Desde el año 2009 al 2016 se legisló localmente y se generaron políticas de prevención a la situación de prostitución que se ven expuestas las personas más vulnerables. Pareciera que en el 2021 venimos a retroceder en este camino recorrido, ya que el proyecto ahora presentado va en flagrante sentido contrario a dichas normativas.


Entre sus considerandos, el autor de la iniciativa reparó en que el artículo 68 del Código Contravencional bonaerense, que habilitaba la persecución y cárcel de personas en  prostitución, fue derogado en 2018. En este sentido, advertimos que el proyecto va en contra de esa derogación, y propone criminalizar a las personas en situación de prostitución que no se encuentren dentro del espacio que se busca reglamentar. La ciudad tiene actualmente cuatro áreas distintas donde mujeres y travestis se encuentran inmersas en esta situación.


Por otro lado, vemos con preocupación que el proyecto presentado por el concejal Lauría y la Secretaría de Seguridad municipal no repara en cuál es la realidad de las personas en situación de prostitución, mujeres, trans y travestis, migrantes en muchas ocasiones, sin acceso al empleo formal ni a la educación. De esta manera, el sistema prostituyente se nutre de sus cuerpos, los explota y los violenta.


La Mesa no busca decir cómo vivir o sobrevivir a nadie, pero sí exige que el Estado promueva el desarrollo humano de las personas, les brinde alternativas de vida para que la libertad de elección pueda ser un derecho y no un camino sin salida. Este punto nos parece crucial para abordar la situación: se necesitan políticas públicas concretas que garanticen derechos, no sólo a las personas víctimas de trata y explotación sexual, sino también a quienes están insertas en el sistema prostibulario y denuncian la violencia de género que implica ser oferta sexual para varones prostituyentes.


Es necesario que el Municipio –junto a la Provincia y la Nación- implementen políticas de prevención y de asistencia, y se genere en particular una línea de empleo específica para mujeres, travestis y trans en prostitución, que acompañe la implementación del cupo laboral trans que rige en las administraciones públicas.


Entendemos desde esta Mesa, que avalar posiciones reglamentaristas sería aceptar y naturalizar la explotación sexual, sin perspectivas de promoción humana para las mujeres y travestis en situación de prostitución.

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