Incidentes en el Congreso: los militantes del PO procesados volverán a la cárcel

La Justicia ordenó que vuelvan a prisión los dos militantes del Partido Obrero (PO) procesados por los graves incidentes frente al Congreso del pasado 18 de diciembre, mientras se debatía la reforma previsional en Diputados. Así lo decidió la Cámara Federal porteña, que determinó que César Arakaki y Dimas Ponce, que habían sido liberados hace poco más de un mes, deberán volver a prisión porque podrían poner en riesgo la investigación. La medida se produce a días del 1° de marzo, cuando el presidente Mauricio Macri inaugurará en el Congreso un nuevo período de sesiones ordinarias.

El tribunal hizo lugar parcialmente a la presentación del fiscal general Germán Moldes, que había hecho este pedido ante la Cámara, y confirmó los procesamientos por "lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas". En su escrito, Moldes había argumentado la "imperiosa la necesidad de imponer a los imputados la prisión preventiva" porque, "de permanecer en libertad, podrían intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer su curso".

Así el fiscal de Cámara sostuvo de manera parcial el recurso de apelación presentado por el fiscal Carlos Rivolo, tras el fallo del juez federal Sergio Torres por el que Arakaki y Ponce fueron procesados sin prisión preventiva tras los violentos incidentes contra la Policía de la Ciudad, a los que atacaron con una lluvia de cascotazos, frente al Congreso, en la manifestación contra la reforma previsional.

El fallo indica que las imágenes recolectadas en el expediente demuestran que Arakaki y Ponce atacaron al policía Brian Fernando Escobar "valiéndose de piedras, del estandarte de una bandera y de dos palos cortos con puntas afiladas, cuando la víctima yacía gravemente herida e inconsciente en el suelo". "El ataque se produjo entretanto Escobar y su unidad eran objeto de un impresionante bombardeo de proyectiles de distinto tipo y tamaño", se recordó en el escrito de los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

El tribunal confirmó los embargos sobre sus bienes por $ 300.000 pero descartó procesarlos por los delitos de intimidación pública y rebelión, como lo había pedido la fiscalía. Así, la Cámara hizo lugar parcialmente a la presentación de Moldes.

Arakaki y Ponce habían sido liberados por Torres el 23 de enero, cuando dispuso que fueran procesados y que solo quedara detenido el policía federal Dante Barisone, que pisó con su moto a un cartonero que estaba tirado en el piso, le provocó lesiones en el pecho y una quemadura en la pierna. El juez de primera instancia había argumentado que, si bien era posible afirmar que Arakaki y Ponce habían participado de los incidentes, no estaba probado que hubieran sido ellos quienes le generaron las lesiones al policía que, entre otras secuelas, sufrió una irreversible disminución en la audición.

La decisión había sido apelada por el fiscal Rivolo, presentación que fue ratificada por su superior Moldes ante la Cámara Federal. "Arakaki y Ponce revistan como cuadros o tropa de una disciplinada y belicosa milicia dotada de estructura y organización semi-militarizada y que, en tal carácter, participaron de las acciones del 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos, cuando se alzaron contra uno de los poderes del Estado para impedir que cumpla su función", había afirmado Moldes.

Como eje central dijeron que los militantes actuaron con violencia y que quedan por hacer medidas de prueba para identificar al resto de los acusados que protagonizaron las agresiones. Estas medidas podrían ser obstaculizadas por los imputados en caso de permanecer en libertad, afirmó el tribunal.