La brecha entre valor y precio que atenta contra el poder adquisitivo

Por Daniel Temperoni - Las familias argentinas vienen soportando por décadas el nefasto efecto que generan los formadores de precios sobre los productos de primera necesidad.

Todo parece estar atado, siempre, a los designios de un grupo misterioso que se emparenta con otro no menos incisivo denominado mercado.

Estas entelequias son las responsables de que todos los años seamos acechados por el costo de vida, la inflación, el valor del dólar y la pérdida de nuestro poder adquisitivo, ya que los salarios se cobran en pesos.

Cuando el dólar denominado blue llegó a los 195 pesos, muchos presionaron para que las góndolas se recalentaran rápidamente porque los insumos con los que elaboraban sus manufacturas estaban atados a los benditos commodities.

Cómo iban a perder la diferencia en el mercado interno frente a la posibilidad de venderlos en el exterior a un dólar más alto, argumentaron a coro.

Ahora que la moneda norteamericana en el renglón ilegal bajó de manera ostensible su cotización, cambiaron drásticamente el discurso y se apoyan en los costos laborales e impositivos internos.

Lo que no descendieron fueron los precios de todo lo que consumimos y que proviene de la producción nacional.

Tal vez la aplicación de la Ley de Góndolas y un seguimiento estricto por parte del Estado, comience a cambiar la vieja historia que ya nadie se cree y que siempre argumentan estos grupos de presión económica.

Esta norma apunta a que el importe de productos de higiene y limpieza del hogar, bebidas y alimentos, se maneje de forma transparente y en favor de los consumidores.

También tiene por objetivo fundamental evitar las prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen riesgo para la competencia, u ocasionen distorsiones en el mercado.

Establece que los artículos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola, y por cada producto, fideos por ejemplo, debe haber cinco marcas diferentes como mínimo.

El 25% de las manufacturas deben ser producidas por pymes, cooperativas o mutuales, mientras que el 5% de lo exhibido tendrá que ser generado por empresas de agricultura familiar, campesina o indígena, o de la economía popular.

Estas regulaciones, el estricto control sobre su observancia y la concientización sobre la Ley de Defensa del Consumidor, son vitales para cambiar este paradigma negativo que viene perjudicando a generaciones enteras por el accionar de los especuladores.

@danieltemperoni