Avanza el proyecto de leyes anticorrupción

Recientemente, el diputado provincial por Cambiemos Guillermo Castello presentó un conjunto de cuatro proyectos de ley que, de aprobarse, significarán un histórico avance en la lucha contra la corrupción en la Provincia de Buenos Aires. El primero permite investigar penalmente a funcionarios con fueros, el segundo incorpora el Juicio por Jurados para delitos de corrupción, el tercero reglamenta la figura del Arrepentido, y el último adhiere a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Ley Antifueros

En primer lugar, propone modificar la legislación que hoy impide en la provincia avanzar en investigaciones penales contra funcionarios que gocen de inmunidades constitucionales, es decir, legisladores, magistrados y funcionarios del Poder Ejecutivo. Concretamente la ley hoy dice que mientras el imputado no sea privado de sus fueros, suspendido o destituido, el juez declarará “que no se puede proceder y ordenará el archivo de las actuaciones”.

Con este proyecto, tomado en gran parte de la ley que rige a nivel nacional y que fuera impulsada por la Dra. Carrió, el juez y el fiscal que intervengan en un proceso penal contra un funcionario con fueros podrá continuar la investigación hasta su finalización, pudiendo incluso citar a declaración indagatoria al imputado. Boudou, Máximo Kirchner, De Vido y Kicillof han sido citados como imputados por la Justicia Nacional mientras tenían fueros, algo que con la legislación actual no es posible en nuestra provincia.

Incorpora expresamente la libertad probatoria como regla y la interpretación restrictiva de los fueros, de manera que el juez que investigue pueda ordenar allanamientos o interceptaciones telefónicas o de correspondencia, algo que incluso la ley nacional hoy no permite sin autorización del Congreso.

De aprobarse este proyecto, permitirá a la justicia bonaerense investigar penalmente los delitos de corrupción en tiempo real, esto es, mientras los funcionarios se encuentren desempeñando su cargo.

Juicio por Jurados para la corrupción

Propone que los delitos de corrupción (Asociación Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho, Lavado de Activos, etc.) sean juzgados por Jurados compuestos íntegramente por legos, es decir, no abogados, mediante procesos dirigidos por jueces y en los que naturalmente se respeten todas las garantías procesales y constitucionales.

En la actualidad sólo la provincia de Córdoba juzga los delitos de corrupción con jurados aunque su integración es mixta, abogados y no abogados, lo que hace que muchas veces prime la posición de los primeros.

La provincia de Buenos Aires ya prevé el Juicio por Jurados pero limitado a delitos con penas muy altas y es optativo para el imputado, lo que desvirtúa su aplicación, motivo por el cual establecemos en nuestro texto la obligatoriedad.

De aprobarse este proyecto nuestra provincia sería la primera en el país en la que los acusados de corrupción serán juzgados por jurados populares, lo que generará una mayor publicidad de los delitos y sus autores, una menor sensación de impunidad, una mayor credibilidad en el sistema judicial y, en general, una mayor legitimidad ciudadana de los veredictos, sean estos de culpabilidad o de inocencia.

Ley de Arrepentido

Pretende reglamentar procesalmente la ley conocida como “de Arrepentido”, aprobada el año pasado a nivel nacional.

Para su aplicación resulta indispensable incorporarla al procedimiento penal provincial, lo que hacemos en nuestro proyecto ampliando lo más posible el ámbito de aplicación y las facultades de negociación entre imputado y fiscal, recogiendo para ello las enseñanzas de la muy trabajada ley peruana y de la más famosa brasileña, conocida como “de delación premiada”, y que ha permitido enormes avances en la materia, con más de trescientas condenas por corrupción.

Acceso a la Información Pública

Con esta ley se quiere adherir a la ley nacional de Acceso a la Información Pública, también aprobada el año pasado en el Congreso Nacional, lo que permitirá a todos los bonaerenses solicitar toda clase de información de los tres poderes del Estado (la ley actual la limita al Poder Ejecutivo) e incluso de privados con vínculos con el Estado, todo ello de manera gratuita, informal y expeditiva, para lo cual se establecen procedimientos sencillos, responsabilidades de funcionarios y, de ser necesario, la intervención de la Justicia.

Este proyecto tiene un claro perfil preventivo y disuasorio y apunta a evitar hechos de corrupción o, al menos, a detectarlo tempranamente a través del control ciudadano.