1.100 agentes fueron echados del Servicio Penitenciario Bonaerense

A esta altura del mes de mayo, la purga en el Servicio Penitenciario Bonaerense alcanza a cerca de 1.100 agentes, y no se descarta que se amplíe en los próximos meses.

La cantidad, relevada por el diario platense El Día, impacta porque representa casi el 5% del total de 23.000 agentes con que arrancó la gestión de María Eugenia Vidal.

De acuerdo a lo indicado en la Auditoría del Servicio Penitenciario, la mayoría de los echados de la fuerza incurrieron en “abandono de servicio”. Esa causal se produce cuando los agentes faltan cinco días a su trabajo sin justificación. Del total, unos 100 casos fueron pedidos de baja del propio personal. “Varios de ellos eran profesionales que cuando se empezó a exigirles que fueran todos los días a trabajar y cumplieran horario, pidieron la baja”, añadieron.

La purga se sustancia en medio de una revisión general del sistema de recursos humanos del SPB. Por caso, la Provincia paga unos 23 mil sueldos, pero en el ministerio de Justicia afirman que falta personal en los establecimientos carcelarios para cuidar y atender a los cerca de 36 mil internos allí alojados.

Por eso, siguen adelante, los traslados de personal administrativo a las cárceles. En la Auditoría describen esa situación general con un ejemplo reciente con que se toparon sus autoridades.

Cuentan que en la cárcel Junín había 85 penitenciarios trabajando en áreas vinculadas a la seguridad del penal, de los cuales 25 estaban con carpeta médica. Y en contraposición, otros 109 agentes desempeñaban tareas administrativas. “Varios de ellos fueron cambiados de funciones para que realicen otras tareas, por ejemplo, vinculadas a asistencia y tratamiento. Los vamos a capacitar para este tema”, señalaron las fuentes.

El Servicio Penitenciario está intervenido desde fines de octubre del año pasado. El Gobierno bonaerense tomó esa decisión luego de comprobar numerosas irregularidades en su funcionamiento. Quedó en manos de civiles. De hecho, su actual jefe es Juan Baric, mientras que a cargo de la Auditoría General quedó Fernando Rozas, hasta entonces asesor del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

Este año junto a @mariuvidal activaremos 77 talleres de capacitación laboral en las unidades penales de la provincia. pic.twitter.com/NsgN70T91c

— Gustavo Ferrari (@ferrarigustavo) 22 de mayo de 2017