25/02/2018
domingo 25 de febrero del 2018 - T
25 febrero 2018 - T

Guillermo Castello Diputado provincial por Cambiemos

viernes, 28 de abril, 2017 - 09:16 hs.
Hacia un Estado neutral y desperzonalizado

Hemos visto recientemente cómo intendentes de distintas fuerzas políticas han colocado su nombre en diversos bienes públicos del Estado como patrulleros, camiones sanitarios, ambulancias, camionetas de zoonosis, etc, fenómeno descripto por Max Weber como “patrimonialismo” y que se configura cuandoun gobernante confunde el patrimonio público con su patrimonio privado. El diccionario define el "patrimonialismo" como "la tendencia de un gobernante a considerar los bienes públicos como si fueran bienes propios".


Esta tendencia no es nueva sino que ha sido utilizada tantas veces que gran parte de nuestra población la ha naturalizado, la acepta mansamente y a veces incluso celebra que los recursos públicos sean administrados por un sector político en beneficio propio. Por eso es necesario decirlo claramente: los bienes y recursos públicos son del Estado, no del gobierno de turno ni de sus funcionarios, y su manejo faccioso constituye una inmoralidad y un acto de corrupción.


La utilización de recursos estatales por parte de los gobernantes de turno así como el culto a la personalidad promovido en relación a un dirigente político violan la Constitución Nacional y atentan contra el sistema republicano, único sistema político que garantiza la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.


El primer artículo de nuestro texto constitucional adopta la forma republicana de gobierno, la que básicamente sostiene los siguientes principios: a) división de poderes; b) elección popular de los gobernantes; c) periodicidad en los cargos; d) publicidad y transparencia de los actos de gobierno; e) responsabilidad de los gobernantes y f) igualdad ante la ley.


Como puede apreciarse, todos estos principios implican severas restricciones al ejercicio del poder estatal por diversas vías.


En línea con lo dispuesto por nuestra Constitución, nuestras leyes deben tender a hacer efectiva la vigencia de dichos principios, prohibiendo terminantemente toda práctica que de algún modo los vulnere.


En ese orden de ideas, surge casi por decantación la necesidad de evitar que los recursos públicos puedan ser utilizados por una parte de la población en beneficio propio y en detrimento del resto.


En efecto, es evidente que el usufructo de bienes públicos por parte de personas o sectores determinados de la sociedad otorga a sus integrantes un poder adicional por sobre el resto y, en la medida en que dicho abuso no sea vedado ni frenado a tiempo, tenderán a perpetuarse en el poder, limitando la posibilidad de sus competidores de reemplazarlos legítimamente e impidiendo la alternancia en el poder.


Por otro lado, el uso de los recursos públicos es el medio por excelencia mediante el cual gobernantes de todos los tiempos y latitudes han construido un culto a su personalidad, estrategia que consiste en presentar al dirigente gobernante como una persona superior al resto, infalible, responsable de todos los beneficios de la población. Una vez que los habitantes son convencidos de las cualidades extraordinarias de un líder político, para lo cual éste debe valerse inevitablemente de los recursos públicos, creerán que la ausencia de dicho líder implicará un gran perjuicio para ellos, razón por la cual permitirán, y e incluso promoverán, la eliminación de todo límite que impida su permanencia en el poder.


El nombre de un gobernante en los carteles de obra pública, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a un determinado partido político, la utilización de bienes del dominio público Estado para promoción personal o partidario, el empleo del mismo color del partido para las obras públicas del distrito que ese partido gobierna y el uso de instalaciones y espacios físicos públicos para actividades partidarias son sólo algunos ejemplos que se pueden citar para justificar la necesidad de contar con un marco regulatorio que evite estas prácticas patrimonialistas.


Con la intención de prevenir tales desvíos republicanos, promover el ejercicio despersonalizado del poder y garantizar el principio de neutralidad en el Estado provincial, presentamos en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley prohibiendo el culto a la personalidad y estableciendo expresamente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una facción política determinada y que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.


Debemos desterrar las malas políticas para que la República vuelva a gozar de buena salud.


Debemos lograr un Estado imparcial, neutral y despersonalizado.

   


Columnas anteriores
jueves, 25 de enero, 2018 - 13:37 hs.

La transparencia y la responsabilidad en las cuentas municipales, y la necesidad de sanear y equilibrar las mismas, lejos de tratarse de un asunto meramente técnico, resultan indispensables para contar con servicios públicos eficientes, cumplir con las obligaciones propias de la administración pública y evitar desmanejos que afecten la vida de los ciudadanos.


A fines del año pasado en la Legislatura provincial aprobamos importantes modificaciones al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal que resultan fundamentales para lograr un equilibrio duradero en las finanzas que permita el correcto funcionamiento municipal en general.


Es así que se establece, entre varias pautas técnicas, que los municipios que adhieran no podrán incrementar su gasto corriente más allá de la variación del Índice de Precios al Consumidor ni aumentar el gasto corriente con carácter permanente durante los últimos seis meses del mandato del Intendente, ni disponer a título gratuito u oneroso de activos fijos del municipio.


Simultáneamente, los municipios que adhieran se comprometen a no incrementar la relación de los cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria o contratada) respecto a la población, salvo excepciones muy específicas, y a mantener el nivel de endeudamiento de manera que los pagos no excedan el 10 % de los recursos corrientes.


Por otro lado, los municipios que no adhieran a la ley no podrán acceder a endeudamiento ni recibir ayuda financiera.


La adhesión al pacto fiscal garantizará un acceso efectivo a la información pública y promoverá la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, ya que los municipios que adhieran deberán publicar en sus páginas webs información presupuestaria anual, plurianual y trimestral de ejecución.


El seguimiento de los parámetros de la ley permitirá contener el excesivo gasto público que viene generando un desmedido déficit fiscal desde hace años en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires y que tanto afectan hoy la administración de sus recursos.


Otro aspecto crucial previsto por la ley aprobada es el compromiso de la Provincia y los municipios de acordar políticas para bajar tributos a la producción en general y en particular coordinar con otras jurisdicciones las alícuotas y bases imponibles aplicables, especialmente en las denominadas Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por Alumbrado, Barrido y Limpieza, Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y otras equivalentes.


La necesidad de reducir, armonizar y simplificar tributos a la producción es trascendental para el crecimiento económico del país en general y de las ciudades en particular, y constituye una política sobre la cual no nos cansaremos de insistir.


A la fecha han adherido al régimen casi cien municipios, lo que equivale a un 70 % del total de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que el resto debe aprobar cuanto antes la adhesión para acompañar así el proceso de restauración institucional y económico que en nuestra provincia impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal como parte del programa acordado por veintitrés gobernadores del país en el Consenso Fiscal liderado por el Presidente Macri.

viernes, 15 de septiembre, 2017 - 08:56 hs.

La lucha contra la corrupción es la lucha por el sistema democrático.


Así surge de nuestra Constitución Nacional cuyo artículo 36 dice que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.


Resultando claro que la legislación debe promover y facilitar la participación ciudadana en la defensa del sistema democrático, y siendo la corrupción uno de los principales atentados a dicho sistema, se concluye fácilmente, y con toda lógica, que debe propiciarse legislativamente la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.


Estos conceptos constitucionales parecen estar siendo espontáneamente interpretados por una sociedad que advierte cada vez más cómo sus derechos y su calidad de vida se ven afectadas por la corrupción, lo que la lleva a reclamar con vehemencia creciente más eficacia al momento de combatirla.


Esa falta de resultados en la detección y sanción de actos corruptos nos obligan a buscar alternativas originales y extremar la creatividad para proponer herramientas novedosas que aumenten la posibilidad de que la corrupción no quede impune.


Es por ello que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que incorpora a nuestra legislación un proceso judicial que establece una recompensa a favor de quien permita recuperar fondos públicos robados o logre evitar su malversación.


No se trata de una retribución sólo por hacer una denuncia o aportar datos; se trata de un proceso judicial de carácter patrimonial, no penal, mediante el cual el particular presenta una demanda contra quienes estén involucrados en un acto de corrupción y ofrece las pruebas necesarias para probarlo. Si finalmente el juicio termina con una sentencia favorable al particular y se logra recuperar lo robado, en todo o en parte, recién allí el demandante será acreedor de la recompensa.


Este novedoso proceso judicial, conocido como “acción qui tam”, no existe hasta hoy en el ordenamiento jurídico nacional y es muy infrecuente en el derecho continental pero tiene una fuerte inserción en el derecho anglosajón y, particularmente, en Estados Unidos de América, cuya Constitución, vale recordar, fue una de las principales fuentes de la nuestra. En dicho país se han podido recuperar decenas de miles de millones de dólares con este mecanismo.


Expresamente el proyecto prevé la posibilidad de reservar la identidad del actor y/o de los testigos si la situación lo requiriese.


Para evitar la proliferación de denuncias infundadas se contempla una multa para quien haya demandado con temeridad y malicia, adicional al pago de las costas del juicio.


La lucha contra la corrupción en nuestro país se encuentra en cabeza del Estado, sin que se haya fomentado hasta la fecha ningún sistema que permita que los particulares asuman el riesgo de descubrir fraudes con fondos públicos y demanden a los responsables.


Los beneficios de nuestra propuesta, que no acarrea ningún costo para el Estado, son evidentes al impulsar el contralor ciudadano del erario público, disuadir a los agentes estatales de cometer delitos contra la Administración Pública, incrementar sustancialmente la posibilidad de detectarlos y sancionarlos cuando ya se cometieron y, finalmente, recuperar lo sustraído ilegalmente al patrimonio público.


En definitiva, la lucha contra la corrupción es demasiado importante como para dejársela sólo al Estado.


 

miércoles, 2 de agosto, 2017 - 13:45 hs.

El diputado nacional Julio De Vido, ex Ministro de Planificación Federal y emblema de la corrupción kirchnerista, acaba de solicitar ser juzgado por un juicio por jurados en el proceso en el que se investiga su eventual responsabilidad en la tragedia de Once.

Si bien dicho pedido constituye una clásica chicana judicial al no existir ley que reglamente el juicio por jurados en la Justicia Federal, y aunque llamativamente el mencionado legislador no realice la misma solicitud en los demás procesos por corrupción que se le siguen, debemos agradecerle la reinstalación de un tema de vital importancia y una deuda constitucional aún pendiente en gran parte del país.

Deuda que nosotros proponemos saldar en la provincia de Buenos Aires con un proyecto de ley que establece que los delitos de corrupción (Asociación Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho, Lavado de Activos, etc.) sean juzgados obligatoriamente por Jurados compuestos íntegramente por legos, es decir, no abogados, mediante procesos dirigidos por jueces y en los que naturalmente se respeten todas las garantías procesales y constitucionales.

Actualmente, aunque la implementación del Juicio por Jurados para los juicios criminales se encuentra contemplada en nuestra Constitución Nacional (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional), a la fecha sólo cinco provincias cuentan ya con alguna clase de juicio por jurados, advirtiéndose matices variados entre las mismas.

Es así que las provincias de Chaco (Ley Nº 7661), Neuquén (Ley Nº 2784), Río Negro (Ley Nº 5020), Córdoba (Ley Nº 9182) y Buenos Aires han establecido sistemas de juicio por jurados, pero nuestra provincia es la única en la que el jurado es optativo para el imputado, lo que desvirtúa casi completamente su aplicación. Por ello en nuestro proyecto proponemos establecer la integración con jurados de manera irrenunciable y obligatoria.

Por otro lado, de las provincias mencionadas sólo Córdoba juzga los delitos de corrupción pero con un sistema conocido como “escabinado”, en el que los jurados se integran de manera mixta, es decir, con abogados y no abogados, lo que hace que muchas veces prime la posición de los primeros y se desnaturalice la impronta popular propia de la figura.

De aprobarse este proyecto, nuestra provincia sería la primera en el país en la que los acusados de corrupción serán juzgados por jurados populares, lo que generará una mayor publicidad de los delitos y sus autores, una menor sensación de impunidad, una mayor credibilidad en el sistema judicial y, en general, una mayor legitimidad ciudadana de los veredictos, sean estos de culpabilidad o de inocencia.

Los juicios por jurados tienen además una gran función educativa en la medida que la dinámica del jurado hace que las leyes sean explicadas de manera práctica, accesibles para el pueblo, lo que claramente fomenta el respeto a la legalidad, el desarrollo de la equidad, y la toma de conciencia sobre los propios derechos.

Los delitos de corrupción son conocidos acertadamente como “delitos sin víctima”, por cuanto los damnificados por los mismos no son personas individualizables sino la comunidad toda, por lo que resultan ideales para ser juzgados por jurados populares.

También debe destacarse el efecto disuasivo que el sistema acarrearía por la condena social que conlleva el enjuiciamiento popular, lo que innegablemente hará reflexionar a más de uno antes de delinquir.

Para aventar dudas a quienes puedan tener algo de escepticismo debe recordarse que el jurado se limita a emitir el veredicto de culpabilidad o inocencia mientras que son los jueces y fiscales los responsables de la legalidad del debido proceso, del respeto a las garantías constitucionales, de evitar nulidades, de recolectar legítimamente las pruebas, de intervenir en la formación del jurado y, en general, de todos los aspectos técnicos de un proceso penal.

La incorporación del juicio por jurados en nuestro código procesal penal provincial significó un progreso, limitado pero progreso al fin, y permite tener reguladas ya cuestiones operativas como la constitución, preselección e integración del mismo, por lo que nos permitimos construir sobre lo construido.

Este proyecto tiene ya estado parlamentario y forma parte de un paquete legislativo anticorrupción que incluye la eliminación del desafuero como requisito para someter a proceso a un funcionario, la adhesión a la ley nacional de acceso a la información pública y el primer proyecto de reglamentación procesal de la figura del Arrepentido.

El Juicio por Jurados en casos de corrupción pública constituye una extraordinaria herramienta moralizadora, sancionatoria, preventiva y pedagógica, y su aprobación significaría un giro institucional copernicano en la materia, además de dar cumplimiento, finalmente, al texto constitucional.

lunes, 24 de julio, 2017 - 11:06 hs.

Los famosos “fueros” parlamentarios deben dejar de ser un mecanismo de impunidad, una distorsión al principio de igualdad ante la ley y un obstáculo para el accionar de la Justicia.
Inicialmente fueron establecidos para evitar que un presidente muy fuerte presionara a la Justicia para arrestar legisladores opositores y atentar así contra la división de poderes y, en definitiva, contra el sistema republicano.


Lamentablemente, esta inmunidad se ha convertido en un mecanismo de impunidad para corruptos que pretenden eludir la cárcel que les correspondería por sus delitos. Naturalmente, la imposibilidad de investigar a funcionarios en el poder deviene incompatible con los principios de la forma republicana de gobierno que nuestra Constitución Nacional adopta, vulnerando ostensiblemente la igualdad ante la ley que debe imperar entre gobernantes y gobernados, afectando la responsabilidad que todo funcionario debe asumir por sus actos de gobierno, e hiriendo gravemente la confianza y credibilidad que debe primar en la ciudadanía respecto a sus dirigentes.


Nuestra Constitución Nacional impide que un diputado o senador sea arrestado desde el día de su elección hasta que termine su mandato, a menos que sea sorprendido in fraganti cometiendo algún delito especialmente grave. Ello significa que estamos ante un privilegio de la institución y no de sus miembros a título personal, lo que a su vez implica que éstos no pueden renunciar al mismo, contrariamente a lo que prometen dirigentes irresponsables y populistas.


Así las cosas, quien debe decidir si un legislador pierde sus fueros es la cámara legislativa a la que pertenece, la de Diputados o la de Senadores. Para ello hay dos alternativas: el desafuero, votado a pedido de la Justicia ante la existencia de una causa penal, o la remoción o exclusión por “inhabilidad física o moral”. En ambos casos se requiere mayoría de dos tercios de los miembros presentes.


La eliminación de los fueros sólo es posible con una reforma constitucional, más allá de lo cual mucho se puede avanzar legislativamente como ha demostrado Elisa Carrió, gracias a cuyo impulso en el año 2000 se aprobó la que se conoce como “Ley de Fueros”, Nº 25.320, que expresamente habilitó la prosecución de las investigaciones penales en la medida que no se vulnere la inmunidad de arresto del imputado, permitiendo que se lo cite a indagatoria y que luego continúe la causa hasta su total finalización, incluyendo la sentencia.


Sin esta ley, Menem no estaría condenado y De Vido, Máximo Kirchner, Kicillof y Abal Medina, no estarían procesados. Si bien esta ley implicó un avance extraordinario porque antes, en muchos casos, ni siquiera se iniciaban causas y nunca se llamaba a indagatoria ni se procesaba ni, mucho menos, se condenaba, la Justicia sigue dependiendo del desafuero para privar de la libertad a un acusado.


Aunque parezca increíble, aún hoy en la provincia de Buenos Aires nos encontramos en la misma situación que la Nación antes de la ley citada, razón por la cual no se puede someter a proceso a un funcionario con inmunidad de arresto sin el previo desafuero, lo que explica que la Justicia provincial, a diferencia de la nacional, no cite a indagatoria ni avance en causas contra funcionarios provinciales con fueros.


Por esta razón, el año pasado presentamos un proyecto de ley eliminando la necesidad de desafuero previo para someter a un funcionario a proceso, habilitamos el avance de la causa hasta su finalización y quitamos toda limitación probatoria con la intención de superar algunas observaciones que ha tenido la ley nacional, especialmente cuando exige autorización previa para realizar allanamientos o interceptaciones de su correspondencia o comunicaciones telefónicas, a la vez que facultamos al juez o fiscal interviniente a que comparezca personalmente en el despacho del imputado para tomarle declaración indagatoria. Con este último postulado no sólo se le confiere precisión a los alcances de las inmunidades constitucionales y se ratifica el principio de libertad probatoria en sede penal sino que se procura evitar situaciones que llegan a insultar la inteligencia como la que se pudo apreciar cuando el Congreso Nacional debatió semanas si procedía o no un allanamiento en el domicilio particular del diputado nacional De Vido debido a la redacción de la ley nacional.


Con dicho proyecto pretendemos reglamentar adecuadamente las inmunidades previstas en la Constitución Provincial, las que han sido indebidamente extendidas con la legislación vigente, dando lugar así a prebendas irritantes y contrarias a los principios de igualdad ante la ley y de responsabilidad por los actos de gobierno, a la vez que han impedido el normal desenvolvimiento de la Justicia en la investigación de delitos cuando los involucrados han sido funcionarios alcanzados por dichas inmunidades.


Tiene ya estado parlamentario y forma parte de un paquete legislativo anticorrupción que incluye el juicio por jurados obligatorio para delitos de corrupción, la adhesión a la ley nacional de acceso a la información pública y el primer proyecto de reglamentación procesal de la figura del Arrepentido. Esperamos contar con el acompañamiento y aportes de los colegas legisladores en estas iniciativas.


Ninguna duda cabe que los textos constitucionales citados fueron concebidos para resguardar la libertad ambulatoria de los funcionarios con el objetivo de no afectar el normal desenvolvimiento de las instituciones, pero de ningún modo puede interpretarse que han sido diseñados para brindarles impunidad mientras duren en sus funciones y paralizar la actuación de la Justicia en ese tiempo, so pena de pretender darle al texto constitucional alcances que ofenden directamente al sentido común y a la más elemental noción de igualdad y responsabilidad.

lunes, 22 de mayo, 2017 - 10:24 hs.

En la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, realizada en vísperas del 24 de Marzo, se sancionó un proyecto de ley del Senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria, que obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones graficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”. Lo mismo establece para los actos públicos de gobierno.


Mi voto fue negativo y por tal motivo quiero explicar su sentido. Estoy convencido de que a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores.


No solo los niega sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros. Consecuencia lógica ineludible de dicha ausencia es que el proyecto aprobado termina consagrando la mendacidad estatal.


Por otra parte, la asunción de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal, a la vez que silencia y descalifica a todo aquél que tenga una opinión diferente, a quien se lo coloca en la situación de discrepar con el mismísimo Estado. Una nueva Historia Oficial es así impuesta de facto.


La ley es sustancialmente negativa por otro motivo, ya que desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos, ya que una leyenda oficial que permanentemente exhiba una posición terminante constituye, para quienes no comparten dicha posición, una afrenta, un factor de irritación, de exacerbación de pasiones y, en definitiva, de desunión entre argentinos.


Tampoco puede soslayarse la superficialidad intrínseca de una ley que presupone que la concientización de los gravísimos hechos ocurridos en la década del 70 depende de la imposición coactiva de un determinado número, cualquiera que sea, con lo cual se banaliza la tragedia.


Adicionalmente, los fundamentos del proyecto resultan llamativamente divergentes con su texto, por cuanto su autor pretende fundar el proyecto en un presunto “espíritu pedagógico”, siendo que dicho espíritu es, por definición, incompatible con la imposición de un discurso único oficial. Todos sabemos que enseñar no es imponer.
Por último, creo que la ley impulsada por el Senador kirchnerista trasunta el miedo a encontrar la verdad y por esa razón propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria hasta el fin de los tiempos.


En el trasfondo hay una diferencia de concepción político-filosófica: o apostamos a la clausura, la coacción y la imposición del pensamiento único, o promovemos el debate, la apertura, el pluralismo y la búsqueda de la verdad.


En el tratamiento de los procesos históricos, esta búsqueda fue magistralmente expuesta por el recientemente fallecido filósofo y semiólogo Tzevan Todorov, a quien vale la pena leer: “Una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política. Por su parte, la Historia no se hace con un objetivo político sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión; para los juicios que formula, se basa en la intersubjetividad, en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad.”


En definitiva, la flamante ley fomenta la No Verdad como política de Estado, promueve el discurso único, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto, dispone el aparato estatal a favor de un sector político y pretende imponer una versión como la única historia aceptable. Estas son las razones que motivaron mi voto negativo.

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