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Mar del Plata - 
miércoles 28 de junio del 2017 - T
28 junio 2017 - T

Gabriel Viñals Conductor de Antes y Después

sábado, 22 de abril, 2017 - 10:06 hs.
La necesidad de los cambios para evitar el malestar social

¿Cuánto puede ser parte de política la preocupación de los ciudadanos cuando la plata no les alcanza? ¿Puede que sea el factor movilizante para llevarlos a situaciones extremas para provocar actos masivos contra gobiernos o contra funcionarios?


Si observamos la realidad de nuestro país y la de Latinoamérica en general, aunque también se puede ver en algunos países europeos, las economías no llegan a conformar a las mayorías, y es donde se sumergen en la preocupación y así cometen actos masivos de declamación ante las autoridades.


Pero no significa que siempre esas declamaciones tengan su pata política, aunque muchos políticos hacen mella de la angustia para imponer sus ideas. El ejemplo es Luis D Elía, quien esta semana debió sentarse en el banquillo de los acusados por la toma de la comisaría de la Boca y donde aprovechó para defender al ex gobierno kirchnerista en desmedro del actual macrismo. D Elía movilizó a muchos desocupados y necesitados de viviendas para realizar cortes de rutas y tomas de terrenos.


Pero mirando a los países de América del sur se pueden observar que en Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela las movilizaciones de los ciudadanos llevados por la crisis a las calles hicieron cambiar el eje político de esos países, aunque en algunos casos los actuales gobernantes resisten ante el clamor que es aprovechado por la oposición a esos gobiernos. Venezuela es uno de los más críticos por estos días, donde se cuenta una docena los muertos en esas protestas.


Pero la crisis económica y empobrecimiento de la ciudadanía lleva, aunque los funcionarios quieran negarlo, a que algunos opten por el camino de la delincuencia agravando el malestar de otros ciudadanos, que además ahora deben sufrir las consecuencias del delito.


Por eso se trata de imponer nuevas reglas para endurecer la política represiva de las fuerzas de seguridad con el argumento de bajar los índices de la delincuencia, cuando en realidad las medidas más claras deberían venir del legislativo, donde los diputados y senadores deben votar las leyes que clarifiquen los códigos penales y no permitir que los jueces tomen determinaciones muchas veces equivocadas.


Así son las víctimas que buscan por mayor seguridad, y una de las leyes más buscadas esta semana es el tratamiento de la reforma de las salidas transitorias de presos con condenas, aunque para muchos de los legisladores no es conveniente.


Revisar los códigos penales e imponer nuevas leyes de seguridad deben estar acompañadas por políticas de cambio en el sistema económico, donde generar trabajo y salarios dignos puedan lograr detener la inflación y que la ciudadanía tenga una mayor tranquilidad y no pensar en que la desesperación se haga costumbre, y eso sea aprovechado por algunos para llevarlos por el camino del mal, de la mala política o de la delincuencia.

   


Columnas anteriores
sábado, 17 de junio, 2017 - 11:27 hs.

Cuando se intenta realizar un análisis objetivo del por qué de la delincuencia o los altos índices de inseguridad, casi siempre se dirigen los argumentos a la pobreza. Pero a mi entender y según los datos estadísticos de los últimos veinte años se llega a esa conclusión porque primero hubo una ausencia del Estado en lo más básico, la educación.


Tener el conocimiento básico es tan necesario como el agua para vivir y es el primer eslabón en la cadena del comportamiento social. Sin educación nos faltan las herramientas para desenvolvernos en un lenguaje social que permita entendernos y compartir los mismos intereses en la generalidad de una sociedad. Y cuando ya entendemos logramos una capacidad de aprender para formarnos en distintas facetas y así insertarnos en el mundo laboral. El primer paso así estaría cumplido.


En ese contexto, sabiendo las prioridades a través del aprendizaje, los distintos individuos elijen los distintos caminos en su perfeccionamiento y lograr así avances económicos o un mejor posicionamiento en la sociedad.


A partir de entonces se buscará el confort según el ingreso obtenido: vivienda, transporte, salud, son algunos de los elementos que pueden ganarse por el propio individuo o a través de la ayuda del estado en base a sus ingresos.


Ahí escuetamente mostramos una porción de la cadena donde el primer eslabón es la educación. Pero llegamos hasta aquí y no explicamos cómo aparece la inseguridad: Un pensamiento facilista diría que la inseguridad proviene por la falta de inserción de algunas personas en la sociedad o en un sector social. O por la falta de recursos económicos, o por las diferencias de estratos sociales que hacen que los que menos tienen quieran igualarse a los que más tienen. Esos son ejemplos.


Pero mi pensamiento, el cual necesariamente no debe ser compartido, es que si ponemos escuelas en un radio de veinte manzanas y con controles estrictos del Estado obligamos a los niños de tres años a concurrir obligatoriamente al jardín y luego a la escuela primaria y secundaria, seguramente la formación de esos niños nos dará una preparación social diferente a que si no tuviera esa educación.


Pero el Estado debe estar presente siempre para lograr que a medida que pasen los años esos niños reciban la mejor educación para prepararlos en su futuro para una mejor inserción social y laboral.


En la actualidad, según los índices en los distintos organismos del Estado y de la Justicia nos muestran que más del 80 por ciento de los jóvenes que delinquen pertenecen a un estrato social bajo, o donde hay ausencia educativa, o de relaciones familiar y extra familiar con antecedentes delictuales.


No podemos pretender que el cambio se produzca en forma mágica de un día para el otro, en el esquema planteado tardará casi una década ver los primeros avances.


En lo inmediato la solución es pura del Estado en cuanto a cambiar costumbres de un sector de la sociedad. Lo primero que debe realizarse es un estudio sociológico amplio en aquellos barrios donde más necesidades se observan, o en aquellos donde provienen aquellas personas que delinquen.


A partir de allí, brindar la ayuda en aquellos reclamos más urgentes como atención médica, ingresos económicos (buscar las variables para inserción en el mercado laboral o en cooperativas de trabajo u otros modos de lograr ingresos), mejoras en viviendas, asfalto o mejorado vial, agua potable, cloacas, presencia policial las 24 horas, etc.


Seguramente a partir de allí, a los cambios de costumbres se verá alterada al punto de ir conformando los intereses individuales con un resultado en meses, pero que deberán perdurarse hasta la transformación plena del barrio. Un ejemplo tangible es la transformación de los barrios en Medellín (Colombia) donde la delincuencia y la droga era moneda de uso corriente.


Muchos marplatenses recordarán en julio del año 2003 un chico de 11 años mató de un tiro a un anciano de 90 cuando quería robarlo en el interior de una farmacia de calle Los Andes al 200. El menor le dijo amenazante el hombre mayor "abuelo dame la plata". Pero al no reaccionar el anciano, el menor reitero su pedido y luego amenazó "abuelo, te tengo que matar", para dispararle al anciano en el pecho y darse a la fuga.


O la reiteración de robos por parte de los llamados "motochorros", en su mayoría adolescentes que asaltan armados a transeúntes o a las personas que están ingresando a sus casas, y a la menor resistencia utilizan sus armas matando a sus víctimas, tal el caso de Dardo Molina en su kiosco o el crimen del taxista Rubén Cufré en el barrio Centenario, y miles de casos.


Pero estos hechos no son solo producto de la falta de educación, por una familia ausente o impregnada de delito, o las llamadas "malas yuntas". También la droga hoy es uno de los factores principales que llevan a los jóvenes al delito: la necesidad de conseguir las distintas drogas y la falta de recursos económicos hacen que la forma de adquirir el dinero para comprarla es a través del robo.


Cada vez más son los detenidos que al ser revisados por los médicos policiales y judiciales padecen adicciones extremas de drogas, la mayoría de muy difícil recuperación.


A esto le sumamos un sector corrupto de la policía que con un ya viejo modus operandi, hacen un seguimiento de la delincuencia para ser de una u otra forma socios de las ganancias al marcar a sus víctimas, liberar zonas o hasta entregarles armas de distintos hechos para cometer sus ilícitos.


No es fácil, seguro que no. Pero los cambios deben hacerse ya, en lo inmediato. Porque las estadísticas de la gente, no de las autoridades, que son bastante mentirosas, indican que se está perdiendo esta guerra contra la inseguridad.

@gabrielvinals

martes, 30 de mayo, 2017 - 10:23 hs.

Según las encuestadoras privadas y estatales, la inseguridad es uno de los temas en la cima de las preocupaciones de los argentinos desde hace una decena de años. Muchos fueron los cambios de estrategia que se hicieron desde los gobiernos para que esos altos índices delictuales vayan disminuyendo; desde mandar a los policías a hacer ejercicios y combatir la obesidad para poder perseguir a los delincuentes, hasta la creación de varios tipos policiales dentro una misma fuerza, la policía local o ciudadana, pero en realidad la cantidad de efectivos no se incrementó, y las políticas impuestas demostraron una casi nula efectividad.


Tiempo atrás, por los micrófonos de Radio Brisas, el titular de la Sociedad de Fomento del barrio Libertad nos contaba que por las noches los vecinos tenían como costumbre sacar los colchones de las camas y dormir en el suelo por miedo que una de las balas disparadas por aquellos que se disputan el territorio para la venta de droga entre por la ventana y mate a un inocente ajeno a esos conflictos.


La estructura compleja policial demuestra fallas muy claras al momento de utilizar bien las herramientas para prevenir al delito. La policía llega al lugar cuando ya todo pasó, cuando se tiene una víctima, siendo entonces menos los casos de desarticulación de la célula delictual.


No existe el trabajo preventivo profundo, porque no existe un vínculo entre la fuerza, la justicia y los gobernantes para llegar antes. Pero cuando se hizo investigación previa y con la participación de todos se logra efectividad. Un ejemplo de esto es la desarticulación de la banda que utilizaba travestis para vender cocaína en la zona roja de Mar del Plata conocido este operativo como "Tacos Blancos".


En Mar del Plata hay barrios críticos, o focos insurgentes delictuales que diseñan protocolos propios para la organización del delito. Allí la policía no ingresa, por complicidad, por falta de medios, o por estar en disparidad numérica para confrontar con los delincuentes.


Fue en los micrófonos de esta radio cuando el fiscal general Fabián Fernández Garello reconoció que en los incidentes del barrio El Martillo, donde se registraron tres muertes en una misma noche, el patrullero tuvo que retirarse al ser atacado.


Ahora bien, recordando la frase del personaje de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado, "¿Y ahora, quien podrá ayudarnos?" es la misma que se escucha entre las víctimas de los delitos o familiares de los muertos en manos de delincuentes. Si bien la policía de la provincia de Buenos Aires es la fuerza de seguridad con mayor número de efectivos, cerca de 50 mil, no son suficientes debido a que no hay una conducción desde el gobierno, sino que históricamente la conducción piramidal es de la misma fuerza que no logra planificar y estudiar los movimientos delictuales para combatirlos.


El comando policial mantiene una vieja y conocida estructura de complicidades donde la seguridad deja de ser servicio esencial para los ciudadanos y se convierte en muchos casos en un negocio. Cada tanto surge que integrantes de la policía son detenidos o echados de la fuerza al comprobarse que son parte de una organización de vendedores de droga, de ladrones de casas o con el argumento de brindar más seguridad recaudan miles de pesos de empresarios e industriales por un servicio "extra" de seguridad. De esto último se descubrió meses atrás los sobres con dinero que llegaron hasta un cajón en la Jefatura de Policía en la capital de la provincia.


En este marcado pesimismo sobre la responsabilidad de la policía en defensa de los habitantes de las ciudades, deviene en una discusión similar a quien vino primero, si el huevo o la gallina. Si la delincuencia se hace o se nace, o si la policía se corrompe o ya es corrupta.


Respecto al origen de la delincuencia, muchos sostienen que hay diferentes variantes: situación socio-económica, las llamadas malas juntas, falta de educación y la más preocupante: abuelo delincuente, hijo delincuente y ahora nieto delincuente.


La semana anterior en un reportaje que brindó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió ante la pregunta sobre los dichos durante la homilía del cardenal Poli "que la inequidad genera violencia, yo ya lo viví. Yo viví en una Argentina de proscripciones, de mucha violencia. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo y no tienen oportunidades. Cuando un pibe de 18 años que no terminó la primaria o la secundaria piensa que para la sociedad no vale nada, ¿por qué va valer la vida del otro?". Como si durante su gobierno no había delincuencia, o tal vez se ubicó el discurso para demostrar que no la había, o se la escondía, como pasó con los datos de los índices oficiales de la pobreza.


Pero este análisis no queda completo con las políticas que lleva adelante la actual gobernadora María Eugenia Vidal, en su afán de combatir la corrupción de la policía a su mando y echar a patadas a los policías que se enriquecieron con dinero injustificable pero que todos imaginan su procedencia, quedando muy pequeña la avivada del mangazo de la pizza para el patrullero.


El nuevo jefe de policía Fabián Perroni, conocido por los marplatenses en su paso por la Delegación de Investigaciones local, sostuvo en un reportaje concedido al diario El Día de La Plata que "nos preocupa cuando dentro de una banda vemos que hay integrantes de cualquier fuerza. Lo que no hay ahora es complicidad".


"Llegó un tiempo de fuertes cambios en la fuerza y los policías lo deben entender así. El buen policía se sentirá respaldado", sostuvo, y agregó que "no habrá segundas oportunidades, ni amparo para los ladrones. Tengan o no uniforme. Basta de narco-policías o policías-chorros".


Por eso defendió al buen policía al decir que "no es bueno que el policía esté preocupado por si llega a fin de mes. Su preocupación debe estar puesta en la calle, en cuidar al vecino", lo que a estas alturas suena como utópico.


"Es un momento crítico para aquellos que se piensan que tienen amparo o segundas oportunidades para cometer actos ilícitos. Creo que es un momento de preocupación para ellos. Y festejo que estén preocupados. De mi parte, siempre estuve al lado del policía que trabaja, que pone todo su esfuerzo y su vida personal combatiendo el delito", dijo el jefe de la policía.


Pero finalmente sostuvo que "tenemos una fuerza preparada para eso, para estar en la calle y enfrentar al delincuente. La mayoría lo hace en forma diaria, con sus acciones, con sus allanamientos, con sus enfrentamientos armados, con sus persecuciones. Hemos desbaratado bandas de secuestradores, de venta de droga. Y, es verdad, la preocupación aparece cuando dentro de una banda vemos que hay integrantes de la fuerza, de cualquier fuerza. Lo que no hay ahora es complicidad".

El gobierno de Vidal dio un gran paso para el cambio en la policía al solicitar declaraciones juradas donde deberán justificar los bienes personales y de sus familiares directos, al punto que cerca de 2000 policías son investigados y muchos de ellos pasaron a retiro o exonerados.


Es muy difícil la jugada de este ajedrez policial, porque esa mano de obra desocupada pasa a buscar trabajo en las agencias de seguridad o a organizaciones que fomentan el delito con conocimiento de los movimientos de la fuerza.


Claro que la ayuda viene también por parte de la Justicia, que como siempre lenta y con falta de reflejos investigativos, termina siendo cómplice indirecto de la inseguridad en la provincia. Pero analizar a la Justicia es parte de otro comentario que más adelante comentaremos.


Volviendo al título de esta opinión, como están barajadas las cartas nos preguntamos si es posible retomar la tranquilidad de una ciudad con una policía dividida en varias otras, sin colaboración de la justicia y sin presupuesto para hacer funcionar las escuelas policiales para que egresen más policías con un pensamiento más a favor del pueblo y lejos de la delincuencia. Si es posible, pero demandará mucho tiempo en lograr ese cambio profundo.


@gabrielvinals
Miembro de FOPEA

sábado, 6 de mayo, 2017 - 09:36 hs.

Los jueces deben dictar sus fallos en una resolución o condena según la ley aprobada por el Congreso, aunque muchas veces por la falta de claridad o ambigüedad en artículos de esas leyes, se pone en interpretación de la misma por parte del magistrado. Y esa letra judicial es muchas veces distante a la opinión generalizada y hasta puede causar el rechazo y hasta la condena social de su Señoría.


Muchas de las resoluciones judiciales hicieron que violadores, asesinos y delincuentes de la más baja calaña lograran su libertad porque "la ley así lo indica", el cómputo de pena cumplido, la buena conducta según el servicio penitenciario y otras diatribas hacia la sociedad por parte del juez respecto al preso.


Pero si los legisladores fueran claros, sin anteponer intereses políticos, o si quieren económicos en este país corrompido, esas leyes tendrían una única interpretación y no dejarían margen de duda al magistrado actuante.


Y debería ser norma o establecerse que una ley derogada no debe aplicarse porque ya no existe, no está. Pero la falta de claridad o de imposición de reglas precisas hacen que muchas de esas leyes deban tenerse en cuenta respecto a factores como "qué ley estaba vigente cuando fue detenido el reo".


Días atrás la Corte de Justicia de la Nación dictaminó que Luis Muiña, represor de un grupo paramilitar en el Hospital Posadas y condenado en 2011, tiene derecho a una reducción de penas. Aunque la Ley 24.390 dice que la prisión preventiva no podía extenderse por más de dos años. Y en su artículo 7 se estableció que luego de los primeros dos años de prisión preventiva “se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”. Es decir que luego de la condena se contabilizaba a este período de prisión preventiva como una parte de la pena impuesta. Esta ley, sin embargo, fue derogada en 2001.


Sin embargo, si en un último artículo de esa ley y de todas las leyes derogadas dijera que nada de esa ley es válido para ser aplicado a futuro no cabría ninguna duda de interpretación.


En este caso ventilado esta semana tuvo varias interpretaciones, como por ejemplo la del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al decir que "estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley", añadió.


Por su parte Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la CONADEP, analizó: "Me alegro enormemente, no de que se haya aplicado esta ley, sino de que se demostró que por fin hay división de poderes".


A contrapunto, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que "yo expresé mis argumentos de la discusión de fondo, un fallo de 2x1 en ningún escenario a mí me parece bueno".


La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el fallo de la Corte Suprema que "la Argentina retrocedió 20 años en materia de Derechos Humanos" y que "este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior". Agregó que “los 2 nuevos jueces de la Corte Suprema votaron equiparar el Terrorismo de Estado con los delitos comunes". "El mismo Mauricio Macri dijo que iba a terminar con "el curro" de los derechos humanos", afirmó.


Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, dijo que "el fallo es un quiebre del principio del deber de audiencia de la supremacía de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos que integran la Ley Suprema de la Nación". Además dijo que "tanto la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente cualquier forma de beneficio para los autores responsables, partícipes y/o encubridores de estos delitos que ofenden la condición humana y la conciencia de la humanidad".


Entonces, observamos distintas opiniones porque cada uno tiene su interpretación. ¿Cuantas leyes deben votar los legisladores para que fuera más claro cuando un violador "no debe quedar en libertad porque volverá a violar", según sostienen los especialistas del cerebro que se escucharon por estos días". O que un asesino debe pagar con la prisión por la muerte cometida.


El perdón es otro de los puntos que deberá tener también su ley específica con la claridad suficiente. Perdón según los delitos y castigo severo también según qué delitos. Es así cómo muchas de las resoluciones y sentencias judiciales no conforman a unos y alegran a otros.


Entonces, es momento en que los que hacen leyes, diputados y senadores, se sienten a discutir y revisen, o al menos corrijan, lo que no es bien claro en la Ley.

@gabrielvinals

sábado, 15 de abril, 2017 - 15:45 hs.

Pasaron ya treinta años cuando militares sediciosos intentaron dar un Golpe de Estado al gobierno de Raúl Alfonsín, luego de recuperar la democracia. Desde aquel entonces, el pueblo supo acompañar al gobierno elegido en las urnas, sin importar su bandera política, al punto como se vio en aquellas Pascuas de 1987, cuando ciudadanos se pusieron delante de cañones y tanques.


El pueblo defiende cada dos años esta renovada democracia, que desde 1983 supimos ganarnos, pero los gobernantes tratan de buscar medidas para sacar al país del endeudamiento, del agobio económico, de la pobreza imponiendo recetas extranjeras, estrategias que no se condicen con la realidad de nuestra patria y mecanismos grandilocuentes que nunca llegan a buen término.


Los votantes prueban cada dos años en legislativas y cada cuatro a presidenciales, para ver si el próximo político es el que de una vez por todas nos salvará y nos pondrá en la competencia de los países con una tranquilidad monetaria y capaz de mostrarse al mundo con productos propios para sostener su economía.


Pero cuando esas soluciones no llegan y la paciencia de los ciudadanos supera cualquier decisión mágica de los gobernantes, es cuando aparecen las protestas. Algunas desde la intimidad, otras que se relacionan con los medios y las redes sociales, pero las que más se observan y se sienten es cuando la turba corta calles, se enfrenta a efectivos de seguridad y hasta perjudican a otros vecinos en su trayecto al trabajo o en el desarrollo de su vida cotidiana.


Pero la queja no es espontánea o aparece de la nada, se gesta por el malestar, por la falta de solución, por no cubrir las necesidades elementales de un pueblo, por la preocupación misma que no es de ahora, sino que viene de arrastre.


Pero hay que detenerse y observar porqué se produce esa queja. Buscar una solución en el corto, mediano y hasta largo plazo, pero buscar la solución definitiva. Pero muchos gobernantes dan la orden equivocada y utilizan la fuerza contra los quejosos y así suprimen las voces de protestas. Pero esa no es la solución.


También es cierto que la queja molesta al de al lado, y entonces se buscan excusas tildándola de política o que proviene de otras ideas.


Pero qué pasaría si nadie se quejara, si solo se observara lo que hacen los que gobiernan sin participar. Porque la queja o el reclamo es participar democráticamente.


Y entonces volvemos al principio, si defendemos la democracia, al punto de enfrentar cañones y tanques, bien podemos aceptar la protesta, sin llegar a dar palos y castigos a quienes reclaman. Pero lo más lógico sería actuar como gobierno aplicando medidas que lleven a un punto de bienestar o al menos que las preocupaciones sean mínimas, que no lleguen a ser quejas .


@gabrielvinals

sábado, 8 de abril, 2017 - 08:52 hs.

Los gremios realizaron su paro nacional el pasado jueves, donde se observó la casi nula actividad en las oficinas públicas y una moderada actividad en los comercios, pero si bien el reclamo puede ser justificable desde el punto de vista en la necesidad "del bolsillo" del trabajador", también existe un tufillo político muy presente detrás de la medida de fuerza. Cuando el gobierno no es peronista, para los sindicatos hay que insistir mucho más en la protesta.


Las razones de la medida de fuerza según la CGT: "Este Gobierno golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo, a los más humildes, a los que más necesitan, y también a la industria nacional y a la pequeña y mediana empresa que sufren esta política llevada adelante. La CGT tuvo la responsabilidad de ir marcando todos estos errores que se venían cometiendo y, teniendo la prudencia necesaria y tratando de contener la paz social, de hacerlo con responsabilidad mas allá incluso de la mesa de diálogo, que la mayoría de las cosas no se cumplieron. Quedamos en este momento con la necesidad de darles una respuesta los sectores que representamos".


Y el paro del 6 de abril llegó y para Daer "ha sido un paro contundente al que adhirieron todos los sectores que vienen siendo vulnerados por la política social y económica de este gobierno".


El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que "en buena medida, este paro responde a una interna gremial, a la gimnasia pre-electoral de cara a las elecciones de este año y en donde gran parte del sindicalismo está siendo arrastrado por el kirchnerismo". Agregó que "le cuesta muchísimo al país en un momento en que estamos tratando de ponerlo en marcha".


Pero si se analizan las causas económicas por la cual muestran la preocupación de los trabajadores y los argentinos pueden ser varias: la más preocupante la inflación que trepó en el último semestre a más del 30 por ciento, aunque desde el gobierno sostienen que para el 2017 será no más del 17 por ciento.


El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sostuvo que el Gobierno "decidió parar con la improvisación" para frenar la inflación, y aseguró que, en esa materia, "no queremos inventar nada", por eso señaló que "la eficiencia del Gobierno creo que tiene que demostrarse en tres principios: que los impuestos sean lo más bajos posible, lo más sencillos y que deben ser pagados".


Pero la política mete la cola y así el el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a apuntar a la "pesada herencia". Dijo que el incremento de la pobreza representa un "sinceramiento de un costo (social) que ya estaba", aclarando que durante el gobierno anterior se "destruyó la verdad" mientras que hoy hay "estadísticas públicas que no son rebatidas".


Mientras se siguen realizando análisis, es real que las medidas tomadas por el gobierno siguen sin conformar y ponen en duda a los ciudadanos, incluso a los votantes que le dieron el triunfo al gobierno. Las medidas se van corrigiendo según la demanda del pueblo y eso demuestra que se está gobernando a prueba y error, aunque lo bueno es que los funcionarios dan la cara y lo reconocen, pero eso no basta.

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