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jueves 29 de junio del 2017 - T
29 junio 2017 - T

Guillermo Castello Diputado provincial por Cambiemos

jueves, 16 de febrero, 2017 - 20:50 hs.
La Provincia de Buenos Aires no tiene una Ley de Puertos

La carencia de un cuerpo legal explica en gran parte la deficiente infraestructura portuaria heredada, las dificultades que han tenido las anteriores administraciones para concebir políticas públicas y la recurrente incapacidad para hacer frente a las necesidades imperiosas y permanentes de los puertos, como los dragados de profundización y mantenimiento, la realización y reparación de obras de abrigo, escolleras, señalización, balizamiento, etc


La ausencia de una legislación provincial también ha provocado que los diversos puertos provinciales funcionen como unidades individuales, de forma aislada y descoordinada, sin relación con un sistema mayor del cual forman parte, lo cual ha conspirado finalmente contra la estabilidad en las reglas de juego para la llegada de inversiones privadas en la explotación y operatoria de los puertos.


Ante la ausencia de una ley general, la vida portuaria provincial se ha regido por normas jurídicas de menor jerarquía, dispersas, segmentadas e inconexas, lo que constituye un gran obstáculo para modernizar, agilizar y hacer más eficientes y competitivos los puertos y todas las actividades inherentes a los mismos, a la vez que ha desalentado la creación de nuevos puertos que le permitan a la provincia el mejor aprovechamiento de sus cauces fluviales y su mar territorial.

En esta nueva etapa económica iniciada en Diciembre de 2015, Buenos Aires necesita contar con puertos que posicionen a la provincia como un gran centro logístico global que impulse el desarrollo de las economías regionales, provinciales y del país en general. Y necesita también instituciones que respalden este proceso de cambio.

Por todo ello es que desde el inicio de nuestra gestión en la presidencia de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, nos abocamos a la tarea de elaborar un proyecto de Ley de Puertos que se constituya en una herramienta ágil, eficiente, simple y genérica que sirva como marco legal para el libre y pleno progreso de la actividad portuaria provincial, a través del desarrollo de cada una de sus unidades.

Con dicho objetivo hemos recorrido un largo camino de interacción y consultas a los diversos miembros de cada una de las comunidades portuarias de la provincia.

Los principios básicos que han guiado la redacción del proyecto han sido la descentralización administrativa y operativa de los puertos, la promoción y el estímulo de la inversión privada, la defensa de la libre competencia, la modernización tecnológica, la búsqueda de la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios portuarios, la preservación del medio ambiente, la optimización de la operatoria portuaria y la participación del sector privado y sindical junto al sector público en la administración y explotación de los puertos públicos, a través de la modalidad conocida como “Consorcios de Gestión”, entes de derecho público no estatal, que tan buenos resultados ha dado en los puertos que lo han adoptado.

El proyecto incluye además innovaciones que entendemos resultan imprescindibles para una norma que rija la cuestión portuaria provincial. Es así que se crea un “Sistema Portuario Provincial”, novedoso y útil concepto que considera a las unidades portuarias de la provincia como un todo -sin desconocer sus singularidades y propias particularidades-, un sistema integrado de componentes que tiendan a la mejora de la competitividad de las cadenas logísticas y productivas bonaerenses. El proyecto determina y crea como autoridad de aplicación de la norma y del sistema portuario provincial a la “Agencia Portuaria de la Provincia de Buenos Aires”, siendo su máxima autoridad funcional el Director de la Agencia y contemplando la creación de un Consejo Directivo para la agencia y su Director, que vehiculizan sus relaciones con el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Producción.

Es fundamental destacar que dichas innovaciones no significarán la creación de más burocracia ni recursos que aquellos que hoy ya existen.

Además el proyecto aborda la cuestión de la administración, gestión y operatoria de cada unidad portuaria del sistema provincial, diferenciando para ello los puertos particulares o privados de los públicos provinciales y los de administración municipal. Contempla también la creación de un “Registro Provincial de Puertos”, en el que deberán estar inscriptos todos los puertos provinciales creados o a crearse y finalmente aborda el financiamiento del Sistema Portuario a través de la creación del “Fondo Provincial de Puertos”, que será administrado por la Agencia Portuaria y cuyos recursos se destinarán a ejecutar obras de infraestructura, realización de campañas de dragado, adquirir tecnología y garantizar la obtención de créditos.

   


Columnas anteriores
lunes, 22 de mayo, 2017 - 10:24 hs.

En la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, realizada en vísperas del 24 de Marzo, se sancionó un proyecto de ley del Senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria, que obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones graficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”. Lo mismo establece para los actos públicos de gobierno.


Mi voto fue negativo y por tal motivo quiero explicar su sentido. Estoy convencido de que a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores.


No solo los niega sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros. Consecuencia lógica ineludible de dicha ausencia es que el proyecto aprobado termina consagrando la mendacidad estatal.


Por otra parte, la asunción de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal, a la vez que silencia y descalifica a todo aquél que tenga una opinión diferente, a quien se lo coloca en la situación de discrepar con el mismísimo Estado. Una nueva Historia Oficial es así impuesta de facto.


La ley es sustancialmente negativa por otro motivo, ya que desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos, ya que una leyenda oficial que permanentemente exhiba una posición terminante constituye, para quienes no comparten dicha posición, una afrenta, un factor de irritación, de exacerbación de pasiones y, en definitiva, de desunión entre argentinos.


Tampoco puede soslayarse la superficialidad intrínseca de una ley que presupone que la concientización de los gravísimos hechos ocurridos en la década del 70 depende de la imposición coactiva de un determinado número, cualquiera que sea, con lo cual se banaliza la tragedia.


Adicionalmente, los fundamentos del proyecto resultan llamativamente divergentes con su texto, por cuanto su autor pretende fundar el proyecto en un presunto “espíritu pedagógico”, siendo que dicho espíritu es, por definición, incompatible con la imposición de un discurso único oficial. Todos sabemos que enseñar no es imponer.
Por último, creo que la ley impulsada por el Senador kirchnerista trasunta el miedo a encontrar la verdad y por esa razón propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria hasta el fin de los tiempos.


En el trasfondo hay una diferencia de concepción político-filosófica: o apostamos a la clausura, la coacción y la imposición del pensamiento único, o promovemos el debate, la apertura, el pluralismo y la búsqueda de la verdad.


En el tratamiento de los procesos históricos, esta búsqueda fue magistralmente expuesta por el recientemente fallecido filósofo y semiólogo Tzevan Todorov, a quien vale la pena leer: “Una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política. Por su parte, la Historia no se hace con un objetivo político sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión; para los juicios que formula, se basa en la intersubjetividad, en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad.”


En definitiva, la flamante ley fomenta la No Verdad como política de Estado, promueve el discurso único, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto, dispone el aparato estatal a favor de un sector político y pretende imponer una versión como la única historia aceptable. Estas son las razones que motivaron mi voto negativo.

viernes, 28 de abril, 2017 - 09:16 hs.

Hemos visto recientemente cómo intendentes de distintas fuerzas políticas han colocado su nombre en diversos bienes públicos del Estado como patrulleros, camiones sanitarios, ambulancias, camionetas de zoonosis, etc, fenómeno descripto por Max Weber como “patrimonialismo” y que se configura cuandoun gobernante confunde el patrimonio público con su patrimonio privado. El diccionario define el "patrimonialismo" como "la tendencia de un gobernante a considerar los bienes públicos como si fueran bienes propios".


Esta tendencia no es nueva sino que ha sido utilizada tantas veces que gran parte de nuestra población la ha naturalizado, la acepta mansamente y a veces incluso celebra que los recursos públicos sean administrados por un sector político en beneficio propio. Por eso es necesario decirlo claramente: los bienes y recursos públicos son del Estado, no del gobierno de turno ni de sus funcionarios, y su manejo faccioso constituye una inmoralidad y un acto de corrupción.


La utilización de recursos estatales por parte de los gobernantes de turno así como el culto a la personalidad promovido en relación a un dirigente político violan la Constitución Nacional y atentan contra el sistema republicano, único sistema político que garantiza la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.


El primer artículo de nuestro texto constitucional adopta la forma republicana de gobierno, la que básicamente sostiene los siguientes principios: a) división de poderes; b) elección popular de los gobernantes; c) periodicidad en los cargos; d) publicidad y transparencia de los actos de gobierno; e) responsabilidad de los gobernantes y f) igualdad ante la ley.


Como puede apreciarse, todos estos principios implican severas restricciones al ejercicio del poder estatal por diversas vías.


En línea con lo dispuesto por nuestra Constitución, nuestras leyes deben tender a hacer efectiva la vigencia de dichos principios, prohibiendo terminantemente toda práctica que de algún modo los vulnere.


En ese orden de ideas, surge casi por decantación la necesidad de evitar que los recursos públicos puedan ser utilizados por una parte de la población en beneficio propio y en detrimento del resto.


En efecto, es evidente que el usufructo de bienes públicos por parte de personas o sectores determinados de la sociedad otorga a sus integrantes un poder adicional por sobre el resto y, en la medida en que dicho abuso no sea vedado ni frenado a tiempo, tenderán a perpetuarse en el poder, limitando la posibilidad de sus competidores de reemplazarlos legítimamente e impidiendo la alternancia en el poder.


Por otro lado, el uso de los recursos públicos es el medio por excelencia mediante el cual gobernantes de todos los tiempos y latitudes han construido un culto a su personalidad, estrategia que consiste en presentar al dirigente gobernante como una persona superior al resto, infalible, responsable de todos los beneficios de la población. Una vez que los habitantes son convencidos de las cualidades extraordinarias de un líder político, para lo cual éste debe valerse inevitablemente de los recursos públicos, creerán que la ausencia de dicho líder implicará un gran perjuicio para ellos, razón por la cual permitirán, y e incluso promoverán, la eliminación de todo límite que impida su permanencia en el poder.


El nombre de un gobernante en los carteles de obra pública, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a un determinado partido político, la utilización de bienes del dominio público Estado para promoción personal o partidario, el empleo del mismo color del partido para las obras públicas del distrito que ese partido gobierna y el uso de instalaciones y espacios físicos públicos para actividades partidarias son sólo algunos ejemplos que se pueden citar para justificar la necesidad de contar con un marco regulatorio que evite estas prácticas patrimonialistas.


Con la intención de prevenir tales desvíos republicanos, promover el ejercicio despersonalizado del poder y garantizar el principio de neutralidad en el Estado provincial, presentamos en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley prohibiendo el culto a la personalidad y estableciendo expresamente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una facción política determinada y que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.


Debemos desterrar las malas políticas para que la República vuelva a gozar de buena salud.


Debemos lograr un Estado imparcial, neutral y despersonalizado.

viernes, 24 de marzo, 2017 - 19:22 hs.

No estamos viviendo una transición entre un gobierno y otro ni entre un modelo económico y otro. Estamos asistiendo a algo mucho más importante: el inicio de un proceso de retirada de setenta años casi ininterrumpidos de un populismo que ha destronado a nuestra nación de las primeras potencias del mundo para hundirla en un pantanoso subdesarrollo, del que hoy tenemos la oportunidad de salir.


La incertidumbre y los sinsabores que muchos compatriotas están sintiendo no son consecuencia sólo de correcciones macroeconómicas necesarias sino de un histórico proceso de transformación que nuestra sociedad debe encarar sin más dilaciones.


Setenta años en los que se ha inculcado a nuestra sociedad que el progreso nacional depende de la riqueza de nuestros recursos naturales y de líderes mesiánicos que con su infinita generosidad nos regalaban casa, comida, trabajo y subsidios. Líderes a los que nunca se les pedía que cumplan la ley, se alternen en el poder, respeten la independencia judicial o rindan cuentas a la opinión pública.


Setenta años en los que los gobiernos anularon el espíritu emprendedor, la capacidad de soñar y la cultura de trabajo de millones de compatriotas que se fueron convenciendo de que tenían derecho a esperar la felicidad de sus generosas manos, cosa contraria a la naturaleza, como magistralmente señaló Alberdi.


No sólo estamos saliendo de la catastrófica “década ganada” sino también de sus lamentables consecuencias: una cultura cortoplacista, inestable y oportunista que es hija del populismo y madre de la viveza criolla, del desprecio por la ley y de la indolencia.


Estamos en los comienzos de una etapa histórica que puede dar vuelta la página de setenta años de decadencia sostenida y que abra el camino hacia la recuperación de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, del largo plazo, de los proyectos. Debemos transformar una sociedad que anula los sueños y la audacia de muchos jóvenes que sólo aspiran a ingresar al Estado para vegetar hasta la jubilación, en una sociedad en la que los jóvenes no duden en lanzarse a la vida en búsqueda de sus aspiraciones. Para ello necesitamos discutir toda la educación.


Debemos ir a un sistema que capacite para interactuar con el mundo, desarrolle habilidades sociales y potencie al máximo los talentos y las vocaciones individuales. Y que exija. Que transmita claramente la idea de que estudiar y no estudiar no es lo mismo, ya que no hay mejor política de inclusión que la exigencia académica.


Debemos integrarnos al mundo. Setenta años de políticas proteccionistas sólo han generado precios excesivamente elevados, productos deficientes y empresarios que se deben a los políticos que les garantizan sus privilegios y no a los consumidores. La apertura al mundo generará miles de puestos de trabajo en la medida en que compremos y vendamos más porque para ello inevitablemente deberemos producir más, además de las evidentes mejoras en calidad y precio que beneficiarán a los consumidores, quienes tendrán un mayor poder adquisitivo que a su vez generará nuevas industrias y empleos.


Parte de esta ciclópea transformación que debemos emprender consiste en revertir la cultura de repudio hacia los creadores de riqueza. Debemos fomentar, valorar y premiar a quienes agregan valor a nuestra nación, creando empleo y contribuyendo con su progreso al de muchos otros.  Para ello es imperioso ampliar nuestras libertades eliminando los múltiples obstáculos que han generado siete décadas de populismo, desburocratizando y desregulando nuestras vidas en general y nuestra economía en particular.


Este cambio fundamental debe darse en el contexto de un debate sobre el rol del Estado. Setenta años de populismo han convencido a muchos de que el Estado puede y debe ocuparse de todo y solventar todo de forma indefinida como si los recursos fueran ilimitados. Muchos conciudadanos piden más Estado y menos impuestos en forma simultánea, sin advertir que ello contraría no ya las leyes de la matemática sino de la física.  


El Estado omnipresente nos llevó a la intolerable presión impositiva de hoy, que debe reducirse de manera imperiosa. La colosal transformación cultural, educativa, jurídica y económica que debemos acometer deberá comenzar por una rebaja sustantiva de impuestos que promueva que más argentinos se dediquen a explotar sus habilidades para desarrollarse plenamente, disminuyendo así su dependencia del Estado.


La modernización educativa y la apertura al mundo deberán ir acompañadas de una profunda reforma laboral que facilite la creación de empleos y no que los dificulte como ocurre hoy.  El federalismo deberá ser enérgicamente replanteado. Provincias y municipios deben gozar de una autonomía genuina y ello sólo es posible si son sustentables económicamente.


El populismo ha suprimido la pujanza del interior, utilizando el empleo estatal como medio de dominación política y sumisión social, imposibilitando el surgimiento de una ciudadanía emprendedora e independiente que pueda cuestionar el orden establecido y generando distorsiones e injusticias tributarias.


La histórica y extraordinaria transformación que debemos protagonizar todos los argentinos será resistida por aquellos que durante mucho tiempo se han beneficiado de las aberraciones y artificialidades que el populismo ha enquistado en nuestra población.


La sociedad que ha decidido esta transformación en las elecciones de 2015 no puede defeccionar de su misión histórica ni retroceder ante dicha resistencia.


Es hora de que los dirigentes y ciudadanos nos pongamos a la altura de las circunstancias y persigamos con pasión nuestros objetivos como lo hicieron los hombres de Mayo, los patriotas que frente a situaciones adversas no dudaron en declarar la Independencia, los que en San Nicolás acordaron la organización definitiva del país y la gloriosa Generación del 80, que construyó la Argentina moderna.


Una gran manera de honrar a esos héroes es asumir nuestra responsabilidad histórica para que nuestra Nación vuelva a ser una tierra de oportunidades, reconstruir la grandeza de nuestra Patria y volver a colocarla en lo más alto del mundo como supieron hacer nuestros abuelos.


Es la hora.

viernes, 6 de enero, 2017 - 09:03 hs.

La recurrente discusión sobre la edad de imputabilidad penal de los menores ha vuelto a las primeras planas gracias a la saludable decisión presidencial de convocar a una mesa de especialistas con el objetivo de consensuar un proyecto de ley sobre esta delicada cuestión.


Uno de los pilares de la iniciativa radicaría en reducir la edad en la que un menor puede ser sancionado penalmente desde los actuales dieciséis años a los catorce.


La Coalición Cívica tiene una extensa trayectoria en esta temática ya que la Dra. Elisa Carrió, en coautoría con otros legisladores, ha impulsado en numerosas oportunidades proyectos de ley sobre la materia en los que se reduce la edad de imputabilidad a los catorce años, se establecen pautas para la imposición de sanciones y se disponen medidas socioeducativas tendientes a la reintegración del menor a su familia y la sociedad, todo ello a la vez que respetan todos los derechos y garantías penales y procesales consagrados en nuestra Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales.


Ninguna duda cabe que la legislación vigente debe ser modernizada y que la gravísima problemática que presentan en la actualidad los menores que infringen la ley penal debe ser abordada por la dirigencia política de manera realista y sin dejarse llevar por clichés ni discursos políticamente correctos que sólo sirven para eludir el compromiso.


Dejar de imponer sanciones al menor que delinque es una afrenta al propio menor, respecto al cual el Estado renuncia a ponerle límites.


Dado que a la imputabilidad se la podría definir, a grandes rasgos, como la “capacidad para comprender la criminalidad de un acto”, es decir, qué está bien y qué está mal, el Estado debe legislar de modo tal que el menor pueda diferenciar mejor entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto.


Una legislación prescindente y despreocupada, que tácitamente le sugiere al menor que sus actos no tendrán consecuencias, nunca logrará que el menor advierta que va por mal camino y, en consecuencia, lo modifique.


Es así que no pocos menores eligen vivir fuera de la ley y no dentro de la misma sencillamente porque no perciben la diferencia.


Está claro que si a un menor que delinque a los catorce años se le impone alguna sanción, es muchísimo más probable que la próxima vez haga mayores esfuerzos por vivir dentro de la ley y entienda que violarla no es una opción, y no que es la primera.


Adicionalmente, al cumplir dieciocho años, el menor se encuentra con todo el rigor del sistema penal por hacer lo mismo que venía haciendo antes, lo que claramente revela una defección del Estado al no prever ni prevenir dicha situación.


Por otro lado, no puede obviarse que los menores son “carne de cañón” de delincuentes mayores, precisamente porque descuentan que no tendrán sanción alguna. Para reducir la delincuencia juvenil es imperioso neutralizar esta modalidad especialmente perversa, y que lamentablemente no pocas veces promueven los propios padres.


Finalmente cabe recordar que de la gran cantidad de chicos pobres, desamparados o abusados el 99 % no delinque y logra, de una u otra manera, y muchas veces heroicamente, vivir sin violar la ley ni perjudicar a terceros. Una legislación que diferencie la conducta correcta de la incorrecta es también un homenaje a ellos.


La trayectoria y los proyectos presentados demuestran acabadamente que se puede legislar de manera responsable, progresista y respetuosa de la Constitución Nacional en una materia tan sensible como esta, por lo que no dudamos en celebrar la iniciativa presidencial, confiando en que el compromiso de nuestros legisladores nacionales nos permitirá contar con el Régimen Penal Juvenil que nos merecemos.

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