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jueves 23 de febrero del 2017 - T
23 febrero 2017 - T

Guillermo Castello Diputado provincial por Cambiemos

jueves, 16 de febrero, 2017 - 20:50 hs.
La Provincia de Buenos Aires no tiene una Ley de Puertos

La carencia de un cuerpo legal explica en gran parte la deficiente infraestructura portuaria heredada, las dificultades que han tenido las anteriores administraciones para concebir políticas públicas y la recurrente incapacidad para hacer frente a las necesidades imperiosas y permanentes de los puertos, como los dragados de profundización y mantenimiento, la realización y reparación de obras de abrigo, escolleras, señalización, balizamiento, etc


La ausencia de una legislación provincial también ha provocado que los diversos puertos provinciales funcionen como unidades individuales, de forma aislada y descoordinada, sin relación con un sistema mayor del cual forman parte, lo cual ha conspirado finalmente contra la estabilidad en las reglas de juego para la llegada de inversiones privadas en la explotación y operatoria de los puertos.


Ante la ausencia de una ley general, la vida portuaria provincial se ha regido por normas jurídicas de menor jerarquía, dispersas, segmentadas e inconexas, lo que constituye un gran obstáculo para modernizar, agilizar y hacer más eficientes y competitivos los puertos y todas las actividades inherentes a los mismos, a la vez que ha desalentado la creación de nuevos puertos que le permitan a la provincia el mejor aprovechamiento de sus cauces fluviales y su mar territorial.

En esta nueva etapa económica iniciada en Diciembre de 2015, Buenos Aires necesita contar con puertos que posicionen a la provincia como un gran centro logístico global que impulse el desarrollo de las economías regionales, provinciales y del país en general. Y necesita también instituciones que respalden este proceso de cambio.

Por todo ello es que desde el inicio de nuestra gestión en la presidencia de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, nos abocamos a la tarea de elaborar un proyecto de Ley de Puertos que se constituya en una herramienta ágil, eficiente, simple y genérica que sirva como marco legal para el libre y pleno progreso de la actividad portuaria provincial, a través del desarrollo de cada una de sus unidades.

Con dicho objetivo hemos recorrido un largo camino de interacción y consultas a los diversos miembros de cada una de las comunidades portuarias de la provincia.

Los principios básicos que han guiado la redacción del proyecto han sido la descentralización administrativa y operativa de los puertos, la promoción y el estímulo de la inversión privada, la defensa de la libre competencia, la modernización tecnológica, la búsqueda de la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios portuarios, la preservación del medio ambiente, la optimización de la operatoria portuaria y la participación del sector privado y sindical junto al sector público en la administración y explotación de los puertos públicos, a través de la modalidad conocida como “Consorcios de Gestión”, entes de derecho público no estatal, que tan buenos resultados ha dado en los puertos que lo han adoptado.

El proyecto incluye además innovaciones que entendemos resultan imprescindibles para una norma que rija la cuestión portuaria provincial. Es así que se crea un “Sistema Portuario Provincial”, novedoso y útil concepto que considera a las unidades portuarias de la provincia como un todo -sin desconocer sus singularidades y propias particularidades-, un sistema integrado de componentes que tiendan a la mejora de la competitividad de las cadenas logísticas y productivas bonaerenses. El proyecto determina y crea como autoridad de aplicación de la norma y del sistema portuario provincial a la “Agencia Portuaria de la Provincia de Buenos Aires”, siendo su máxima autoridad funcional el Director de la Agencia y contemplando la creación de un Consejo Directivo para la agencia y su Director, que vehiculizan sus relaciones con el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Producción.

Es fundamental destacar que dichas innovaciones no significarán la creación de más burocracia ni recursos que aquellos que hoy ya existen.

Además el proyecto aborda la cuestión de la administración, gestión y operatoria de cada unidad portuaria del sistema provincial, diferenciando para ello los puertos particulares o privados de los públicos provinciales y los de administración municipal. Contempla también la creación de un “Registro Provincial de Puertos”, en el que deberán estar inscriptos todos los puertos provinciales creados o a crearse y finalmente aborda el financiamiento del Sistema Portuario a través de la creación del “Fondo Provincial de Puertos”, que será administrado por la Agencia Portuaria y cuyos recursos se destinarán a ejecutar obras de infraestructura, realización de campañas de dragado, adquirir tecnología y garantizar la obtención de créditos.

   


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viernes, 6 de enero, 2017 - 09:03 hs.

La recurrente discusión sobre la edad de imputabilidad penal de los menores ha vuelto a las primeras planas gracias a la saludable decisión presidencial de convocar a una mesa de especialistas con el objetivo de consensuar un proyecto de ley sobre esta delicada cuestión.


Uno de los pilares de la iniciativa radicaría en reducir la edad en la que un menor puede ser sancionado penalmente desde los actuales dieciséis años a los catorce.


La Coalición Cívica tiene una extensa trayectoria en esta temática ya que la Dra. Elisa Carrió, en coautoría con otros legisladores, ha impulsado en numerosas oportunidades proyectos de ley sobre la materia en los que se reduce la edad de imputabilidad a los catorce años, se establecen pautas para la imposición de sanciones y se disponen medidas socioeducativas tendientes a la reintegración del menor a su familia y la sociedad, todo ello a la vez que respetan todos los derechos y garantías penales y procesales consagrados en nuestra Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales.


Ninguna duda cabe que la legislación vigente debe ser modernizada y que la gravísima problemática que presentan en la actualidad los menores que infringen la ley penal debe ser abordada por la dirigencia política de manera realista y sin dejarse llevar por clichés ni discursos políticamente correctos que sólo sirven para eludir el compromiso.


Dejar de imponer sanciones al menor que delinque es una afrenta al propio menor, respecto al cual el Estado renuncia a ponerle límites.


Dado que a la imputabilidad se la podría definir, a grandes rasgos, como la “capacidad para comprender la criminalidad de un acto”, es decir, qué está bien y qué está mal, el Estado debe legislar de modo tal que el menor pueda diferenciar mejor entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto.


Una legislación prescindente y despreocupada, que tácitamente le sugiere al menor que sus actos no tendrán consecuencias, nunca logrará que el menor advierta que va por mal camino y, en consecuencia, lo modifique.


Es así que no pocos menores eligen vivir fuera de la ley y no dentro de la misma sencillamente porque no perciben la diferencia.


Está claro que si a un menor que delinque a los catorce años se le impone alguna sanción, es muchísimo más probable que la próxima vez haga mayores esfuerzos por vivir dentro de la ley y entienda que violarla no es una opción, y no que es la primera.


Adicionalmente, al cumplir dieciocho años, el menor se encuentra con todo el rigor del sistema penal por hacer lo mismo que venía haciendo antes, lo que claramente revela una defección del Estado al no prever ni prevenir dicha situación.


Por otro lado, no puede obviarse que los menores son “carne de cañón” de delincuentes mayores, precisamente porque descuentan que no tendrán sanción alguna. Para reducir la delincuencia juvenil es imperioso neutralizar esta modalidad especialmente perversa, y que lamentablemente no pocas veces promueven los propios padres.


Finalmente cabe recordar que de la gran cantidad de chicos pobres, desamparados o abusados el 99 % no delinque y logra, de una u otra manera, y muchas veces heroicamente, vivir sin violar la ley ni perjudicar a terceros. Una legislación que diferencie la conducta correcta de la incorrecta es también un homenaje a ellos.


La trayectoria y los proyectos presentados demuestran acabadamente que se puede legislar de manera responsable, progresista y respetuosa de la Constitución Nacional en una materia tan sensible como esta, por lo que no dudamos en celebrar la iniciativa presidencial, confiando en que el compromiso de nuestros legisladores nacionales nos permitirá contar con el Régimen Penal Juvenil que nos merecemos.

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