18/07/2018
miércoles 18 de julio del 2018 - T
18 julio 2018 - T

Guillermo Castello Diputado provincial por Cambiemos

viernes, 22 de junio, 2018 - 10:07 hs.
Reduciendo impuestos con responsabilidad

Mientras entre el año 2002 y el año 2015 los bienes y servicios se incrementaron diez, quince o veinte veces, las tarifas por los servicios públicos se mantuvieron prácticamente congeladas. Dicho de otro modo, los argentinos pagaban por esos servicios un valor muy inferior al real.


La diferencia entre lo que se pagaba y lo que correspondía pagar la cubría el Estado mediante subsidios indiscriminados. Esos subsidios crecían a la par de la inflación, por lo que resultaba necesario aumentar los recursos y la presión impositiva y una mayor emisión monetaria, en lo que constituía un círculo vicioso perverso e interminable.


Aquella política del gobierno anterior, además de ser un terreno sumamente fértil para la corrupción y la promiscuidad entre gobernantes y empresarios, fue de una irresponsabilidad económica mayúscula porque incrementó sustancialmente el gasto público y de ese modo el déficit fiscal. Déficit que, cabe decir, es la madre de casi todos los males económicos y la razón excluyente del endeudamiento actual, que con tanto cinismo o ignorancia critican los mismos que lo generaron.


La pasada administración prefirió ignorar el descomunal problema que significaba gastar más de lo que se recaudaba y así engañó a la ciudadanía haciéndole creer que los servicios valían menos de lo que costaban a la vez que solventaba futbol “gratis”, empresas públicas ineficientes y deficitarias, militancia, obras públicas inexistentes, entre otras lindezas demagógicas. Este gobierno, en cambio, decidió enfrentar el tema en toda su dimensión: decirle la verdad a la sociedad y afrontar el costo político de hacerlo.


En los hechos eso significó incrementar sustantivamente el valor de las tarifas que se decidió implementar de la manera más gradual posible dentro de la imperiosa necesidad de normalizar la economía para evitar una crisis de proporciones. Por eso se instrumentó una amplísima cobertura a través de la tarifa social, lo que además de marcar una clara política de contención social implica un redireccionamiento de los subsidios de las empresas a los abonados.


Desde la Provincia de Buenos Aires resolvimos acompañar el esfuerzo que el reacomodamiento de tarifas significaba eliminando los impuestos sobre las facturas por consumo de energía eléctrica, gas y agua, los que terminaban encareciendo indirectamente el costo final de dichos servicios públicos y también, debe decirse, constituían un injustificado incremento tributario.


Es así que este año la gobernadora María Eugenia Vidal dictó el Decreto 351/18 por el cual se redujo a cero por ciento la tasa de dos tributos que gravaban la energía eléctrica y de uno que se aplicaba sobre el valor facturado por la venta de gas natural y/o licuado.


El primero de esos tributos se aplicaba sobre el valor de la factura eléctrica y fue creado por el decreto ley 7290, dictado en 1967, para financiar el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”. La alícuota de dicho impuesto era del diez por ciento para los consumos de electricidad para usuarios residenciales y se bajó a un cero por ciento.


También se rebajó a un cero por ciento otro impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, que fue creado por el decreto ley 9038 de 1978 para financiar las inversiones que iban a demandar la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava (Partido de Balcarce) y una central eléctrica en la zona de Bahía Blanca. Increíblemente, la primera de esas obras jamás se realizó y la segunda se concluyó en el año 1988, pese a lo cual el impuesto se siguió cobrando hasta el dictado del mencionado decreto de la gobernadora.


Finalmente también se estableció en un cero por ciento el impuesto sobre la venta de gas creado por la ley 8474, que creó el “Fondo Especial para Obras de Gas”. Hasta ahora la alícuota era del nueve por ciento.


Al mismo tiempo, y ya desde la legislatura provincial, hemos reducido drásticamente recargos que se cobraban desde 1997, cuando se transfirió a los consumidores el pago de los impuestos provinciales y los tributos municipales que debían abonar las empresas distribuidoras.


Concretamente, el artículo 74 de Ley 11769 establecía un impuesto sobre las ventas a usuarios o consumidores finales que debía trasladarse a la factura del abonado y que hasta ahora era del seis por ciento. Desde la aprobación de la reciente ley 15026 ese porcentaje es del uno por diez mil, o sea, seiscientas veces menor.


Los gobiernos nacional y provincial han enfrentado el colosal desequilibrio en las cuentas públicas con sinceridad, profesionalismo, coraje y sin demagogia. Al mismo tiempo, y ante la crisis que nos dejó la gestión anterior, vimos la oportunidad de dar respuesta a un viejo reclamo de los ciudadanos rebajando los tributos accesorios a las tarifas, acercándonos a una factura que sólo refleje los consumos de los usuarios, “limpia” de todo gravamen.


Desde nuestra banca hemos impulsado proyectos de ley para eliminar tributos provinciales (del impuesto a las sucesiones y donaciones, de sellos a las tarjetas de créditos e inmobiliario complementario) y también de rebaja a una presión fiscal que aún es asfixiante. Por lo que, toda medida dirigida a reducir impuestos contará con nuestro apoyo, aunque somos conscientes que ello requiere que equilibremos los ingresos y egresos públicos y, en definitiva, que rediscutamos conceptualmente el rol del Estado, decidiendo no sólo cuáles son las funciones que debe cumplir sino también, con la misma seriedad y convicción, cuáles no debería cumplir.

   


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jueves, 5 de julio, 2018 - 08:20 hs.

Recientemente hemos presentado un proyecto para derogar la ley que establece un día de asueto para los empleados de la Administración Pública Provincial porque entendemos que la tan declamada cultura del trabajo que pregonamos debe promoverse por todos los medios y mediante iniciativas concretas.


Dicho feriado se acumula al universal Día Internacional de los Trabajadores, comprensivo de todos los trabajadores, públicos y privados. Además se suma a los restantes feriados nacionales y generales que por su cantidad nos coloca como uno de los países con más feriados del mundo. Finalmente, a este recuento hay que añadirle los días de asueto otorgados a los empleados del Estado provincial que se conceden al personal del organismo en el que presta servicios.


Así tenemos que diversas leyes y decretos provinciales establecen, entre otros, el Día del Trabajador de la Salud, del Empleado Público Provincial Agrario, del Empleado de la Gobernación, del Empleado del Ministerio de Gobierno, del Empleado del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), del Empleado del Ministerio de Economía, del Empleado de la Agencia de Recaudación (ARBA), del Empleado del Ministerio de Justicia y Seguridad, del Empleado del Instituto Provincial de Lotería y Casino, del Empleado del Consejo Provincial de la Mujer, del Empleado del Ministerio de Trabajo, del Empleado Público de la Producción, del Empleado de Acción Social y Minoridad, del Empleado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, del Empleado de Previsión Social, del Trabajador Judicial, del Trabajador de la Legislatura, del Empleado Municipal, del Bibliotecario, del Maestro, etc.


Todas estas fechas, que no agotan la totalidad de los casos, son no laborables para los dependientes de los respectivos organismos. Y los que no tienen una fecha puntual establecida, normalmente caen en viernes o lunes.


A todo ello cabe agregar los feriados locales que corresponden a la fundación del partido o localidad y muchas veces a la fiesta patronal, feriados que en algunos casos se extienden a empleados provinciales como ocurre con el Poder Judicial, que además de contar con un mes y medio de feria al año y el Día del Trabajador Judicial tiene uno o dos asuetos adicionales en cada ciudad.


El feriado que proponemos derogar genera una situación especialmente irritante en materia educativa porque los establecimientos educativos de gestión privada, lógicamente, no se encuentran alcanzados por la norma, lo que significa que por ley le quitamos días de clases a los alumnos de la escuela pública en detrimento de la privada.


Vivimos declamando la cultura del trabajo, pero multiplicamos alegremente feriados, asuetos, descansos y jornadas no laborables de toda clase.


Vivimos rasgándonos las vestiduras por la Educación Pública pero, por ley, le damos a sus alumnos menos días de clases que a los de la educación privada.


Vivimos proclamando la necesidad de una Justicia eficiente y rápida, pero mantenemos las arcaicas y extensas ferias judiciales, a las que les agregamos livianamente feriados de toda clase.


Vivimos pregonando la defensa del castigado contribuyente, pero alegremente le agregamos a su carga los costos de todas las jornadas no laborales. Sabido es que nada es gratis y eso incluye a los feriados.


La creación de feriados, asuetos, jornadas no laborables o días de descanso debe ser por regla excepcional y restrictiva, mucho más cuando sus destinatarios son los agentes públicos, debido a que en ese caso afectan la normal prestación de servicios públicos, en claro perjuicio del mismo contribuyente que con sus impuestos solventa el día libre de quienes debieran servirle.


El otorgamiento irresponsable de días no laborables en el Estado es una prueba evidente de demagogia, propia de una dirigencia que ha dispuesto de recursos públicos como si fueran gratuitos e ilimitados.


Por otro lado, los empleados del sector privado, con toda lógica, carecen de un día equivalente, lo que constituye una clara discriminación que se suma a los múltiples beneficios que por naturaleza tiene el empleado público en comparación con el privado.


En un país con casi un 30 % de pobreza y un sector privado agobiado por la presión impositiva y obligado a trabajar muchas horas, la proliferación desaprensiva de feriados estatales es lisa y llanamente un afrenta a la dignidad y un insulto a la inteligencia de todos aquellos que cotidianamente trabajan a destajo para contribuir a la prosperidad del país.


El desmantelamiento de la situación descripta, indefendible desde el más precario sentido común, traerá beneficios tangibles a los empleados estatales en la medida que contribuirá sustancialmente a reducir la ya deslucida imagen que la sociedad tiene de la burocracia estatal.


Nuestra postura es, en definitiva, un homenaje al trabajador estatal responsable, comprometido con su tarea y con vocación de servir a sus conciudadanos.


La riqueza de las naciones es consecuencia ineludible de la cultura del trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo y el ejemplo.


La concesión y acumulación irresponsables de días no laborables conspira de lleno contra dichos valores, despreciando el valor del trabajo, igualando para abajo y deteriorando la imagen del personal público, con los graves efectos culturales y morales que ello implica, además de los costos estrictamente económicos.


Hoy, quizás más que nunca en la historia reciente, los argentinos tenemos la posibilidad, y los dirigentes políticos la obligación, de promover toda acción o medida que contribuya al cambio cultural que nuestra nación necesita para recuperar la grandeza que alguna vez supo tener.

jueves, 25 de enero, 2018 - 13:37 hs.

La transparencia y la responsabilidad en las cuentas municipales, y la necesidad de sanear y equilibrar las mismas, lejos de tratarse de un asunto meramente técnico, resultan indispensables para contar con servicios públicos eficientes, cumplir con las obligaciones propias de la administración pública y evitar desmanejos que afecten la vida de los ciudadanos.


A fines del año pasado en la Legislatura provincial aprobamos importantes modificaciones al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal que resultan fundamentales para lograr un equilibrio duradero en las finanzas que permita el correcto funcionamiento municipal en general.


Es así que se establece, entre varias pautas técnicas, que los municipios que adhieran no podrán incrementar su gasto corriente más allá de la variación del Índice de Precios al Consumidor ni aumentar el gasto corriente con carácter permanente durante los últimos seis meses del mandato del Intendente, ni disponer a título gratuito u oneroso de activos fijos del municipio.


Simultáneamente, los municipios que adhieran se comprometen a no incrementar la relación de los cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria o contratada) respecto a la población, salvo excepciones muy específicas, y a mantener el nivel de endeudamiento de manera que los pagos no excedan el 10 % de los recursos corrientes.


Por otro lado, los municipios que no adhieran a la ley no podrán acceder a endeudamiento ni recibir ayuda financiera.


La adhesión al pacto fiscal garantizará un acceso efectivo a la información pública y promoverá la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, ya que los municipios que adhieran deberán publicar en sus páginas webs información presupuestaria anual, plurianual y trimestral de ejecución.


El seguimiento de los parámetros de la ley permitirá contener el excesivo gasto público que viene generando un desmedido déficit fiscal desde hace años en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires y que tanto afectan hoy la administración de sus recursos.


Otro aspecto crucial previsto por la ley aprobada es el compromiso de la Provincia y los municipios de acordar políticas para bajar tributos a la producción en general y en particular coordinar con otras jurisdicciones las alícuotas y bases imponibles aplicables, especialmente en las denominadas Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por Alumbrado, Barrido y Limpieza, Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y otras equivalentes.


La necesidad de reducir, armonizar y simplificar tributos a la producción es trascendental para el crecimiento económico del país en general y de las ciudades en particular, y constituye una política sobre la cual no nos cansaremos de insistir.


A la fecha han adherido al régimen casi cien municipios, lo que equivale a un 70 % del total de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que el resto debe aprobar cuanto antes la adhesión para acompañar así el proceso de restauración institucional y económico que en nuestra provincia impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal como parte del programa acordado por veintitrés gobernadores del país en el Consenso Fiscal liderado por el Presidente Macri.

viernes, 15 de septiembre, 2017 - 08:56 hs.

La lucha contra la corrupción es la lucha por el sistema democrático.


Así surge de nuestra Constitución Nacional cuyo artículo 36 dice que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.


Resultando claro que la legislación debe promover y facilitar la participación ciudadana en la defensa del sistema democrático, y siendo la corrupción uno de los principales atentados a dicho sistema, se concluye fácilmente, y con toda lógica, que debe propiciarse legislativamente la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.


Estos conceptos constitucionales parecen estar siendo espontáneamente interpretados por una sociedad que advierte cada vez más cómo sus derechos y su calidad de vida se ven afectadas por la corrupción, lo que la lleva a reclamar con vehemencia creciente más eficacia al momento de combatirla.


Esa falta de resultados en la detección y sanción de actos corruptos nos obligan a buscar alternativas originales y extremar la creatividad para proponer herramientas novedosas que aumenten la posibilidad de que la corrupción no quede impune.


Es por ello que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que incorpora a nuestra legislación un proceso judicial que establece una recompensa a favor de quien permita recuperar fondos públicos robados o logre evitar su malversación.


No se trata de una retribución sólo por hacer una denuncia o aportar datos; se trata de un proceso judicial de carácter patrimonial, no penal, mediante el cual el particular presenta una demanda contra quienes estén involucrados en un acto de corrupción y ofrece las pruebas necesarias para probarlo. Si finalmente el juicio termina con una sentencia favorable al particular y se logra recuperar lo robado, en todo o en parte, recién allí el demandante será acreedor de la recompensa.


Este novedoso proceso judicial, conocido como “acción qui tam”, no existe hasta hoy en el ordenamiento jurídico nacional y es muy infrecuente en el derecho continental pero tiene una fuerte inserción en el derecho anglosajón y, particularmente, en Estados Unidos de América, cuya Constitución, vale recordar, fue una de las principales fuentes de la nuestra. En dicho país se han podido recuperar decenas de miles de millones de dólares con este mecanismo.


Expresamente el proyecto prevé la posibilidad de reservar la identidad del actor y/o de los testigos si la situación lo requiriese.


Para evitar la proliferación de denuncias infundadas se contempla una multa para quien haya demandado con temeridad y malicia, adicional al pago de las costas del juicio.


La lucha contra la corrupción en nuestro país se encuentra en cabeza del Estado, sin que se haya fomentado hasta la fecha ningún sistema que permita que los particulares asuman el riesgo de descubrir fraudes con fondos públicos y demanden a los responsables.


Los beneficios de nuestra propuesta, que no acarrea ningún costo para el Estado, son evidentes al impulsar el contralor ciudadano del erario público, disuadir a los agentes estatales de cometer delitos contra la Administración Pública, incrementar sustancialmente la posibilidad de detectarlos y sancionarlos cuando ya se cometieron y, finalmente, recuperar lo sustraído ilegalmente al patrimonio público.


En definitiva, la lucha contra la corrupción es demasiado importante como para dejársela sólo al Estado.


 

miércoles, 2 de agosto, 2017 - 13:45 hs.

El diputado nacional Julio De Vido, ex Ministro de Planificación Federal y emblema de la corrupción kirchnerista, acaba de solicitar ser juzgado por un juicio por jurados en el proceso en el que se investiga su eventual responsabilidad en la tragedia de Once.

Si bien dicho pedido constituye una clásica chicana judicial al no existir ley que reglamente el juicio por jurados en la Justicia Federal, y aunque llamativamente el mencionado legislador no realice la misma solicitud en los demás procesos por corrupción que se le siguen, debemos agradecerle la reinstalación de un tema de vital importancia y una deuda constitucional aún pendiente en gran parte del país.

Deuda que nosotros proponemos saldar en la provincia de Buenos Aires con un proyecto de ley que establece que los delitos de corrupción (Asociación Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho, Lavado de Activos, etc.) sean juzgados obligatoriamente por Jurados compuestos íntegramente por legos, es decir, no abogados, mediante procesos dirigidos por jueces y en los que naturalmente se respeten todas las garantías procesales y constitucionales.

Actualmente, aunque la implementación del Juicio por Jurados para los juicios criminales se encuentra contemplada en nuestra Constitución Nacional (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional), a la fecha sólo cinco provincias cuentan ya con alguna clase de juicio por jurados, advirtiéndose matices variados entre las mismas.

Es así que las provincias de Chaco (Ley Nº 7661), Neuquén (Ley Nº 2784), Río Negro (Ley Nº 5020), Córdoba (Ley Nº 9182) y Buenos Aires han establecido sistemas de juicio por jurados, pero nuestra provincia es la única en la que el jurado es optativo para el imputado, lo que desvirtúa casi completamente su aplicación. Por ello en nuestro proyecto proponemos establecer la integración con jurados de manera irrenunciable y obligatoria.

Por otro lado, de las provincias mencionadas sólo Córdoba juzga los delitos de corrupción pero con un sistema conocido como “escabinado”, en el que los jurados se integran de manera mixta, es decir, con abogados y no abogados, lo que hace que muchas veces prime la posición de los primeros y se desnaturalice la impronta popular propia de la figura.

De aprobarse este proyecto, nuestra provincia sería la primera en el país en la que los acusados de corrupción serán juzgados por jurados populares, lo que generará una mayor publicidad de los delitos y sus autores, una menor sensación de impunidad, una mayor credibilidad en el sistema judicial y, en general, una mayor legitimidad ciudadana de los veredictos, sean estos de culpabilidad o de inocencia.

Los juicios por jurados tienen además una gran función educativa en la medida que la dinámica del jurado hace que las leyes sean explicadas de manera práctica, accesibles para el pueblo, lo que claramente fomenta el respeto a la legalidad, el desarrollo de la equidad, y la toma de conciencia sobre los propios derechos.

Los delitos de corrupción son conocidos acertadamente como “delitos sin víctima”, por cuanto los damnificados por los mismos no son personas individualizables sino la comunidad toda, por lo que resultan ideales para ser juzgados por jurados populares.

También debe destacarse el efecto disuasivo que el sistema acarrearía por la condena social que conlleva el enjuiciamiento popular, lo que innegablemente hará reflexionar a más de uno antes de delinquir.

Para aventar dudas a quienes puedan tener algo de escepticismo debe recordarse que el jurado se limita a emitir el veredicto de culpabilidad o inocencia mientras que son los jueces y fiscales los responsables de la legalidad del debido proceso, del respeto a las garantías constitucionales, de evitar nulidades, de recolectar legítimamente las pruebas, de intervenir en la formación del jurado y, en general, de todos los aspectos técnicos de un proceso penal.

La incorporación del juicio por jurados en nuestro código procesal penal provincial significó un progreso, limitado pero progreso al fin, y permite tener reguladas ya cuestiones operativas como la constitución, preselección e integración del mismo, por lo que nos permitimos construir sobre lo construido.

Este proyecto tiene ya estado parlamentario y forma parte de un paquete legislativo anticorrupción que incluye la eliminación del desafuero como requisito para someter a proceso a un funcionario, la adhesión a la ley nacional de acceso a la información pública y el primer proyecto de reglamentación procesal de la figura del Arrepentido.

El Juicio por Jurados en casos de corrupción pública constituye una extraordinaria herramienta moralizadora, sancionatoria, preventiva y pedagógica, y su aprobación significaría un giro institucional copernicano en la materia, además de dar cumplimiento, finalmente, al texto constitucional.

lunes, 24 de julio, 2017 - 11:06 hs.

Los famosos “fueros” parlamentarios deben dejar de ser un mecanismo de impunidad, una distorsión al principio de igualdad ante la ley y un obstáculo para el accionar de la Justicia.
Inicialmente fueron establecidos para evitar que un presidente muy fuerte presionara a la Justicia para arrestar legisladores opositores y atentar así contra la división de poderes y, en definitiva, contra el sistema republicano.


Lamentablemente, esta inmunidad se ha convertido en un mecanismo de impunidad para corruptos que pretenden eludir la cárcel que les correspondería por sus delitos. Naturalmente, la imposibilidad de investigar a funcionarios en el poder deviene incompatible con los principios de la forma republicana de gobierno que nuestra Constitución Nacional adopta, vulnerando ostensiblemente la igualdad ante la ley que debe imperar entre gobernantes y gobernados, afectando la responsabilidad que todo funcionario debe asumir por sus actos de gobierno, e hiriendo gravemente la confianza y credibilidad que debe primar en la ciudadanía respecto a sus dirigentes.


Nuestra Constitución Nacional impide que un diputado o senador sea arrestado desde el día de su elección hasta que termine su mandato, a menos que sea sorprendido in fraganti cometiendo algún delito especialmente grave. Ello significa que estamos ante un privilegio de la institución y no de sus miembros a título personal, lo que a su vez implica que éstos no pueden renunciar al mismo, contrariamente a lo que prometen dirigentes irresponsables y populistas.


Así las cosas, quien debe decidir si un legislador pierde sus fueros es la cámara legislativa a la que pertenece, la de Diputados o la de Senadores. Para ello hay dos alternativas: el desafuero, votado a pedido de la Justicia ante la existencia de una causa penal, o la remoción o exclusión por “inhabilidad física o moral”. En ambos casos se requiere mayoría de dos tercios de los miembros presentes.


La eliminación de los fueros sólo es posible con una reforma constitucional, más allá de lo cual mucho se puede avanzar legislativamente como ha demostrado Elisa Carrió, gracias a cuyo impulso en el año 2000 se aprobó la que se conoce como “Ley de Fueros”, Nº 25.320, que expresamente habilitó la prosecución de las investigaciones penales en la medida que no se vulnere la inmunidad de arresto del imputado, permitiendo que se lo cite a indagatoria y que luego continúe la causa hasta su total finalización, incluyendo la sentencia.


Sin esta ley, Menem no estaría condenado y De Vido, Máximo Kirchner, Kicillof y Abal Medina, no estarían procesados. Si bien esta ley implicó un avance extraordinario porque antes, en muchos casos, ni siquiera se iniciaban causas y nunca se llamaba a indagatoria ni se procesaba ni, mucho menos, se condenaba, la Justicia sigue dependiendo del desafuero para privar de la libertad a un acusado.


Aunque parezca increíble, aún hoy en la provincia de Buenos Aires nos encontramos en la misma situación que la Nación antes de la ley citada, razón por la cual no se puede someter a proceso a un funcionario con inmunidad de arresto sin el previo desafuero, lo que explica que la Justicia provincial, a diferencia de la nacional, no cite a indagatoria ni avance en causas contra funcionarios provinciales con fueros.


Por esta razón, el año pasado presentamos un proyecto de ley eliminando la necesidad de desafuero previo para someter a un funcionario a proceso, habilitamos el avance de la causa hasta su finalización y quitamos toda limitación probatoria con la intención de superar algunas observaciones que ha tenido la ley nacional, especialmente cuando exige autorización previa para realizar allanamientos o interceptaciones de su correspondencia o comunicaciones telefónicas, a la vez que facultamos al juez o fiscal interviniente a que comparezca personalmente en el despacho del imputado para tomarle declaración indagatoria. Con este último postulado no sólo se le confiere precisión a los alcances de las inmunidades constitucionales y se ratifica el principio de libertad probatoria en sede penal sino que se procura evitar situaciones que llegan a insultar la inteligencia como la que se pudo apreciar cuando el Congreso Nacional debatió semanas si procedía o no un allanamiento en el domicilio particular del diputado nacional De Vido debido a la redacción de la ley nacional.


Con dicho proyecto pretendemos reglamentar adecuadamente las inmunidades previstas en la Constitución Provincial, las que han sido indebidamente extendidas con la legislación vigente, dando lugar así a prebendas irritantes y contrarias a los principios de igualdad ante la ley y de responsabilidad por los actos de gobierno, a la vez que han impedido el normal desenvolvimiento de la Justicia en la investigación de delitos cuando los involucrados han sido funcionarios alcanzados por dichas inmunidades.


Tiene ya estado parlamentario y forma parte de un paquete legislativo anticorrupción que incluye el juicio por jurados obligatorio para delitos de corrupción, la adhesión a la ley nacional de acceso a la información pública y el primer proyecto de reglamentación procesal de la figura del Arrepentido. Esperamos contar con el acompañamiento y aportes de los colegas legisladores en estas iniciativas.


Ninguna duda cabe que los textos constitucionales citados fueron concebidos para resguardar la libertad ambulatoria de los funcionarios con el objetivo de no afectar el normal desenvolvimiento de las instituciones, pero de ningún modo puede interpretarse que han sido diseñados para brindarles impunidad mientras duren en sus funciones y paralizar la actuación de la Justicia en ese tiempo, so pena de pretender darle al texto constitucional alcances que ofenden directamente al sentido común y a la más elemental noción de igualdad y responsabilidad.

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